SANTO DOMINGO. — Manuel Villoria, director de la Autoridad Independiente de Protección al Informante de España, subrayó hoy en República Dominicana que la lucha efectiva contra la corrupción trasciende el castigo, exigiendo la protección incondicional de los denunciantes y el fortalecimiento de la integridad institucional. Durante su visita para ofrecer varias conferencias, Villoria advirtió sobre los peligros de la impunidad y la necesidad imperante de profesionalizar la administración pública para erradicar estas prácticas.
Integridad y Profesionalización: Pilares contra la Corrupción
En una conversación con Diario Libre, Villoria enfatizó que la ética pública implica que los empleados estatales actúen con imparcialidad, eficiencia y honestidad, sirviendo al interés general y no a beneficios personales. «Quien trabaja en una organización pública no está para hacerse rico, ni para ayudar a su familia, ni para tomar venganza de sus enemigos», afirmó el catedrático. Destacó que uno de los mayores retos es desarrollar una cultura de integridad y moralidad entre los servidores públicos, estableciendo procedimientos e instrumentos que garanticen su actuación íntegra.
El experto español abordó la problemática de los grandes casos de corrupción administrativa que llegan a los tribunales dominicanos, señalando que el silencio es un factor clave en su expansión. Para romper este ciclo, propuso medidas fundamentales como la implementación de sistemas de mérito y carrera para el ingreso a la administración pública, asegurando funcionarios profesionales. Además, insistió en la creación de mecanismos donde los denunciantes se sientan protegidos, puedan hacerlo anónimamente y vean que sus alertas conducen a investigaciones y consecuencias reales. «Si no se denuncia, la gente ve que el de al lado roba y no se hace nada, piensa: ‘Si él lo hace, yo también’», explicó.
Villoria compartió la experiencia de la Autoridad Independiente de Protección al Informante en España, creada en 2025, donde se busca revertir la situación de represalias que antes sufrían los denunciantes. Con sanciones de hasta un millón de euros para las empresas o instituciones que actúen contra los informantes, se busca cambiar la cultura del miedo. La impunidad, según Villoria, es el principal motor de la corrupción, por lo que la aplicación de sentencias severas, como los 23 años de cárcel en un caso reciente en España, son cruciales para generar un «miedo a hacer las cosas mal» y, eventualmente, un cambio por convicción.
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