SANTO DOMINGO. — Entre los meses de julio y septiembre de 2026, la República Dominicana ha sido escenario de una cruenta ola de violencia machista que ha segado la vida de al menos 23 mujeres, lo que representa un promedio de un feminicidio cada cuatro días. Esta alarmante cifra pone de manifiesto no solo la persistencia de una cultura patriarcal agresiva, sino también las críticas fallas estructurales en el sistema de protección a las víctimas, donde las órdenes de alejamiento y las denuncias previas resultaron insuficientes para evitar las tragedias.
Un sistema de protección que no detiene al agresor
El análisis de los casos ocurridos en este último trimestre revela un patrón desolador: muchas de las víctimas, como Loyca Alvarado Adames y Nikauris de los Santos, habían intentado buscar auxilio legal antes de ser asesinadas. Alvarado, una contadora de 37 años, desapareció tras subir al vehículo de su expareja bajo engaños, mientras que De los Santos fue atacada brutalmente a pesar de contar con una orden de protección vigente. Estos hechos subrayan la vulnerabilidad de las mujeres frente a agresores que desafían la autoridad judicial con impunidad.
La violencia no solo ha afectado a mujeres adultas; el trimestre registra casos desgarradores como el de Wilmaris Ramírez Sánchez, de apenas 14 años, y Lissett Noemí Almonte, de 17, evidenciando que el asedio y la seducción de menores siguen siendo antesalas del feminicidio. Además, el impacto social se extiende a las decenas de niños que han quedado en la orfandad, muchos de los cuales presenciaron los crímenes, como ocurrió en el sector La Zurza con los hijos de la enfermera Neliza Figueroa.
Expertos señalan que el discurso de odio en redes sociales y la justificación de la violencia por parte de sectores masculinos alimentan este ciclo. Mientras el Estado refuerza una retórica de mano dura contra la delincuencia común, la seguridad de las mujeres en el ámbito privado parece quedar en un segundo plano, dejando a las víctimas a merced de un «suprapoder masculino» que anula el derecho constitucional a la vida.
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