La seguridad ciudadana volvió a encender el debate político dominicano este lunes 19 de octubre. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó formalmente que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, comparezcan ante el Congreso para explicar las circunstancias en que ocurren las muertes reportadas como «intercambios de disparos».
Las acusaciones de la oposición
El vicepresidente del partido morado, Temístocles Montás, encabezó el planteamiento y calificó de preocupante el número de personas que siguen falleciendo en incidentes con agentes policiales. Según datos citados por la propia organización, solo en septiembre de 2026 se registraron 55 muertes clasificadas dentro de esta problemática.
«Lo que estamos planteando es la interpelación; que el Congreso interpele al director de la Policía y, obviamente, pienso que es prudente que se interpele a la ministra de Interior y Policía», expresó Montás, quien subrayó que el asunto va más allá de lo policial: «compromete principios esenciales».
El dirigente advirtió sobre denuncias de personas que presuntamente habrían sido ejecutadas después de rendirse o de quedar bajo control policial, y recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha llevado casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras el Ministerio Público —a juicio del PLD— no estaría investigando con el rigor necesario. Conviene precisar que la interpelación es una herramienta de fiscalización política y no implica, por sí sola, que se haya demostrado responsabilidad penal alguna.
Faride Raful y la brecha entre datos y percepción
La jornada también dejó una reflexión inusual de la propia ministra. Raful reconoció que la reducción estadística de los homicidios no se traduce automáticamente en que los ciudadanos se sientan más seguros, y defendió que los datos oficiales y la percepción ciudadana miden fenómenos distintos y no se contradicen entre sí.
La funcionaria explicó que la sensación de inseguridad está moldeada por la experiencia cotidiana: conflictos vecinales, rencillas barriales y casos de raterismo que no siempre aparecen en las grandes estadísticas, pero que marcan la vida de las comunidades. Su mensaje fue claro: el Gobierno no busca minimizar esa percepción, sino trabajar activamente para disminuirla.
Un desafío de confianza, no solo de números
La coyuntura expone una tensión creciente: mientras el oficialismo exhibe cifras de homicidios a la baja, la oposición y organizaciones de derechos humanos exigen transparencia sobre cómo ocurre exactamente el uso de la fuerza letal en los operativos.
Si la interpelación prospera, el Congreso tendría frente a sí una agenda incómoda: revisar los protocolos policiales, el destino de las investigaciones sobre incidentes específicos y las políticas de prevención. La lección de fondo es difícil de ignorar: la seguridad pública efectiva no se construye únicamente reduciendo delitos, sino combinando esa labor con procedimientos transparentes, rendición de cuentas y el respeto irrestricto al debido proceso. La protección ciudadana y los derechos fundamentales deben ser, en definitiva, partes inseparables de una misma política de seguridad.
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