La frase que articuló el discurso del presidente Luis Abinader ante cientos de profesionales de gestión de proyectos en Punta Cana resume el trasfondo humano de su nueva propuesta de política pública: «Porque cuando un proyecto público se retrasa, alguien sigue esperando». Una comunidad espera el agua potable, una madre espera mejores condiciones para la atención de sus hijos, un productor espera la carretera que le permitirá llevar su cosecha al mercado. «Ese tiempo tiene un valor humano que debemos tener siempre presente», sostuvo el mandatario.
Con ese argumento de fondo, Abinader anunció durante la apertura del XVI Congreso Internacional del Project Management Institute (PMI), capítulo República Dominicana, que su Gobierno evalúa avanzar hacia un marco normativo que permita institucionalizar la dirección y gestión estratégica de los proyectos del Estado, estableciendo principios y estándares comunes que fortalezcan la planificación y el seguimiento, promuevan una gestión más eficiente y transparente y permitan desarrollar capacidades permanentes en las instituciones públicas.
El mandatario, que recordó haber participado en los esfuerzos iniciales para promover la cultura de gestión profesional de proyectos antes de la consolidación formal del PMI como capítulo dominicano, defendió la formación continua de los profesionales y la adopción de metodologías que permitan mantener las buenas prácticas. Consideró necesario fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones para evitar que los cambios de equipos de trabajo obliguen a comenzar desde cero o provoquen la pérdida de conocimientos y experiencias acumuladas.
Sobre el dinero público, Abinader fue categórico: «El dinero público representa el esfuerzo de millones de dominicanos. Gestionarlo bien es una obligación con cada uno de ellos». Una gestión profesional de los proyectos, añadió, permite anticipar riesgos, reducir errores y administrar los recursos con mayor eficiencia y transparencia.
El anuncio podría convertirse en un proyecto legislativo que convierta esta política en un compromiso permanente y transversal de la administración pública, con la colaboración del PMI y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las herramientas legales y metodológicas necesarias. «Gobernar exige escuchar, establecer prioridades y decidir», enfatizó el presidente, «pero nuestra responsabilidad continúa después de anunciar una obra o aprobar un programa».
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