El caso de Oscar Belgal condensa casi todos los elementos de una controversia: un operativo migratorio en Manhattan, un padre con su hijo a bordo, agentes enmascarados sin identificación y un detenido que sigue teniendo un proyectil alojado en el cuello. Este miércoles, sus abogados llevaron el expediente ante la justicia federal para pedir su liberación inmediata.
The Legal Aid Society presentó un recurso de hábeas corpus ante la corte del Distrito Este de Nueva York, argumentando que el arresto del 8 de octubre fue ilegal desde el principio y que las autoridades no han atendido debidamente sus lesiones. Según el relato legal, Belgal había recogido a su hijo de la escuela, paró para alimentarlo y, al advertir que estaba frente a una boca de incendios, quiso mover el carro; en ese momento un hombre encapuchado rompió su ventanilla y disparó repetidamente hacia dentro. (Diario Libre)
En el asiento trasero viajaba el pequeño de cinco años. El proyectil impactó el cuello del conductor y generó una hemorragia inmediata. Belgal, según sus defensores, solo supo que se enfrentaba a agentes del ICE cuando despertó en el hospital. (Diario Libre)
Videos que confirman el relato
El material audiovisual avala la versión de la defensa: las cámaras del NYPD muestran a un sujeto con sudadera y gorra rojas golpeando la ventanilla hasta romperla, mientras un segundo agente desenfunda su arma y Belgal avanza hacia la calle para alejarse de ambos. Grabaciones de testigos y cámaras corporales lo muestran después esposado junto al vehículo, con la herida en el cuello, antes de ser hospitalizado.
Los abogados Perry McAninch y Elyssa Williams denuncian que el ICE nunca le brindó atención médica inmediata y que sigue recluido en un centro con antecedentes de negligencia, pese a que los médicos recomiendan una cirugía urgente. «Cada día adicional bajo custodia aumenta el riesgo que enfrenta», advirtieron. El DHS defiende a sus agentes —aleó peligro para sus vidas y vínculos de Belgal con los Trinitarios— mientras una orden judicial ya prohíbe temporalmente su deportación y traslados no autorizados. El caso, que suma reclamos de una investigación transparente tras al menos 21 personas baleadas por agentes federales desde el inicio de la actual administración, está ahora en manos del juez Héctor González. (Legal Aid Society, NY Daily News)
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