SANTO DOMINGO DE GUZMAN DN., de fecha 09 De Agosto Del 2026. — En una contundente denuncia que sacude los cimientos del sistema de justicia, el reconocido jurista y director de Periódico La Taza, el abogado Félix Jiménez Campusano, alzó su voz de manera enérgica para condenar la absoluta desidia, negligencia y falta de interés de la Fiscalía del Distrito Nacional en el horrendo caso de abuso sistemático que afecta a cuatro menores de edad (de 2, 6, 8 y 13 años). El jurista ha asumido la representación legal formalizando una contundente Constitución en Parte Civil en contra del imputado Francis de Jesús Davis Rosas.
El principal acusado de este abominable crimen ha quedado protegido por un rosario de fallas procesales, omisiones graves y una alarmante indiferencia por parte del Ministerio Público encargado de tutelar la investigación.
En el avance de este proceso judicial que ha generado profunda consternación en la opinión pública, la Fiscalía del Distrito Nacional procedió a depositar formalmente la acusación en contra del imputado el pasado 6 de agosto ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción. Tras la formalización de este dictamen por parte del órgano persecutor, el tribunal correspondiente fijó para el próximo 27 de agosto la fecha clave en la que se llevará a cabo la audiencia destinada a la lectura de la decisión sobre el sometimiento, un acto procesal fundamental que la barra de la defensa y los representantes legales de las víctimas seguirán de cerca para constatar el curso de las determinaciones del juez ante los graves señalamientos expuestos.
El abogado se querella y expone un expediente cojo y destrucción deliberada de evidencias
El doctor Félix Jiménez Campusano calificó el expediente presentado por la fiscalía como una burla a las víctimas y a la sociedad dominicana, señalando que el organismo investigador permitió de manera indolente que los familiares del imputado tuvieran el tiempo y la vía libre para distraer, ocultar y desaparecer evidencias clave que debían constituir el cuerpo del delito.
Entre las irregularidades más graves denunciadas por la defensa técnica destacan:
Falta de comunicación procesal: El Ministerio Público estructuró y presentó una acusación coja sin establecer contacto previo con las partes agraviadas para procurar los análisis de laboratorio fundamentales, ni se dignaron a comunicarse con el abogado de las víctimas antes de someter el expediente.
El misterioso «abogado fantasma»: En un hecho que raya en el escándalo institucional, un supuesto abogado se presentó ante las familias asegurando ser un «enviado de la fiscalía» para defender a las víctimas. Este sujeto, a quien extrañamente alguien dentro del propio organismo le facilitó los números telefónicos privados de las querellantes, logró asistirlas en la primera audiencia de medida de coerción. Hasta el momento, la fiscalía no ha investigado ese asunto.
Relato escalofriante de las agresiones y vulnerabilidad de las menores
El expediente depositado ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional detalla con horror los modus operandi utilizados por el encartado contra las cuatro víctimas, cuyas edades oscilan entre los 2 y los 13 años:
Cándida Samara Villanueva Rosas (6 años): Atraída mediante falsas promesas de golosinas a la residencia del imputado, fue sometida a tocamientos impúdicos tras ser obligada a desnudarse, siendo interrumpida por una menor testigo.
Rose Margarita Villanueva Rosas (2 años): La infante presenta graves indicadores somáticos, conductas de pánico extremo y terror paralizante ante la sola mención o presencia del agresor, evidenciando un profundo trauma temprano.
Alison Monserrat Linares (13 años – Condición Especial): El sujeto se aprovechó de la vulnerabilidad cognitiva de la adolescente para someterla mediante coacción moral y amenazas de muerte a actos de acceso carnal (penetración), generándole ideación suicida y aislamiento.
Emelia Altagracia Del Orbe (8 años): Atraída con dinero y dulces, resistió las intenciones del agresor, quien respondió ejerciendo violencia física directa —incluyendo estrangulamiento parcial y restricción de movimientos— mientras realizaba actos obscenos frente a ella y la amenazaba de muerte.
Madres e hijas desprotegidas ante el acoso criminal
La situación de vulnerabilidad de las familias afectadas alcanza niveles alarmantes. Las madres de las menores y las propias víctimas se encuentran en un estado absoluto de desprotección, indefensión e impotencia frente a las amenazas latentes de amigos y familiares del imputado.
El clima de hostigamiento constante escaló a la violencia física cuando la señora Yvette Altagracia Rosado, madre de las víctimas y de nacionalidad norteamericana, fue brutalmente agredida a trompadas en pleno sector por un estrecho colaborador y amigo del agresor. Pese a estas agresiones directas y las constantes intimidaciones, las autoridades han mostrado una fría indiferencia para garantizar la integridad física de esta familia.
Exigencia de condena millonaria e indemnización ejemplar
Para el licenciado Félix Jiménez Campusano, la justicia dominicana tiene la obligación ineludible de actuar con firmeza frente a este monstruoso expediente que vulnera la dignidad humana (Art. 38), la integridad personal (Art. 42) y la protección reforzada de la infancia (Art. 56) de la Constitución.
En virtud de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil y el Código Procesal Penal, la barra defensora demanda una indemnización total por daños morales y afectación psicológica severa que asciende a RD$20,000,000.00 millones de pesos distribuidos entre las querellantes:
Rocío Mabelline Rosas Linares: RD$10,000,000.00
Yvette Altagracia Rosado: RD$5,000,000.00
Vanesa del Carmen Linares: RD$5,000,000.00
Exigencia de justicia ejemplar
Desde Periódico La Taza, nos sumamos al llamado del abogado Félix Jiménez Campusano para denunciar firmemente la negligencia y falta de interés de la fiscalía, exigiendo a la Procuraduría General de la República una intervención inmediata, el saneamiento de los procesos y una investigación profunda sobre las irregularidades que habrían favorecido al imputado Francis de Jesús Davis Rosas.
“La justicia no puede ser tibia frente a hechos de esta naturaleza. Aquí no estamos ante un simple proceso penal, sino ante la necesidad urgente de proteger la dignidad humana, la infancia y el futuro mismo de la sociedad dominicana. Permitir impunidad en un caso como este sería una afrenta al Estado de Derecho”.
¡Las niñas y sus familias no están solas! Exigimos cero impunidad, protección urgente para las víctimas y una sanción drástica contra los fiscales cuya desidia ha puesto en peligro el debido proceso y la seguridad ciudadana.
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