La justicia federal llegó a San Juan, Puerto Rico, donde HSI desmanteló un presunto plan de matrimonio de conveniencia entre una mujer dominicana y un hombre norteamericano. Modestina Villanueva Javier, de nacionalidad dominicana, y Erick Martínez Aulet, ciudadano estadounidense, quedaron formalmente acusados de fraude matrimonial y conspiración, en un caso que la agencia federal presenta como ejemplo del uso del matrimonio para burlar la ley migratoria.
El caso expone un mecanismo que las autoridades estadounidenses vigilan con lupa: uniones legalmente constituidas que, en el fondo, solo buscan acelerar la obtención de beneficios migratorios para el cónyuge extranjero. En esta ocasión, los investigadores determinaron que la pareja no habría mantenido una relación conyugal auténtica.
«El matrimonio es un compromiso legal y personal para construir una vida juntos. Cuando ese compromiso se finge simplemente para evadir las leyes de inmigración, se convierte en un delito federal grave», recalcó HSI en su comunicado oficial, dejando claro que el matrimonio no es una vía rápida hacia la residencia permanente ni la ciudadanía.
Qué arriesgan los acusados
La legislación federal no contempla indulgencia para este tipo de esquemas: el Título 8, sección 1325(c), del Código de Estados Unidos establece una condena de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250,000 dólares para quien contraiga matrimonio con el fin de evadir las leyes de inmigración. Además, el cargo por conspiración puede sumar sanciones adicionales dependiendo del desenlace judicial. (Listín Diario)
Los arrestos ocurrieron durante la semana pasada como parte de una redada federal dirigida a detectar matrimonios fraudulentos. HSI reafirmó que su labor continúa: cualquier intento de manipular el sistema migratorio será perseguido hasta las últimas consecuencias.
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