Las advertencias de Laurie Peña se apoyan en una realidad nacional que los datos describen con crudeza. Aproximadamente el 20% de la población dominicana sufre algún trastorno mental, siendo la ansiedad el más frecuente, con 570.312 casos atendidos y una prevalencia estimada de 5,7%, seguida de la depresión, que afecta al 4,7% de la población según informes de la Organización Mundial de la Salud.
La carga es de las mayores de la región: según datos de la Organización Panamericana de la Salud, República Dominicana se encuentra entre los diez países de las Américas con mayor carga de trastornos mentales, ocupando el primer puesto entre los países de Centroamérica y el Caribe en términos de años de vida ajustados por discapacidad por cada 100.000 habitantes.
Las consecuencias extremas también quedan documentadas: datos de la Oficina Nacional de Estadística recogidos en el boletín «Suicidios en República Dominicana» muestran que la mayoría de los suicidios registrados entre 2019 y 2022 estuvieron vinculados a la depresión u otros problemas de salud mental, representando el 59,5% de los casos.
A las barreras culturales que señala Peña se suman las económicas. Como ha documentado la prensa dominicana, hablar de salud mental en el país obliga también a hablar de dinero: los costos de la terapia limitan el acceso de amplios sectores, aunque el Consejo Nacional de Seguridad Social ha propuesto ampliar prestaciones relacionadas con depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar y ansiedad.
La buena noticia es que la búsqueda de ayuda va en aumento: 83.246 consultas de salud mental registradas en el país reflejan que cada vez más dominicanos acuden a terapia por ansiedad, depresión, conflictos de pareja, duelo, estrés laboral o simplemente para comprender situaciones que afectan su bienestar cotidiano —acudiendo a terapia no solo quienes tienen un diagnóstico.
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