SANTO DOMINGO. — La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los empresarios e industriales de la República Dominicana, asegurando que “no hay nada que temer” respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas establecida en el nuevo Código Penal. Sin embargo, enfatizó la necesidad de adoptar una cultura organizacional robusta, respaldada por programas de cumplimiento normativo que prevengan riesgos penales y promuevan la denuncia de ilícitos.
Claves para la Prevención y el Cumplimiento
Durante su intervención en la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Reynoso explicó que las personas jurídicas responden penalmente por delitos cuando concurre un hecho punible y se evidencia una falla corporativa, no por el delito individual de un empleado. Aclaró que el espíritu de la ley no es disolver empresas, sino fomentar un entorno de competitividad más sano, evitando que las corporaciones sean utilizadas como fachada para cometer ilícitos. “La empresa no es castigada por el delito del empleado individual, sino por el incumplimiento preventivo; por eso la norma preventiva es indispensable”, aseveró.
La procuradora general destacó que la gran mayoría de las casi 100 compañías disueltas por orden judicial desde 2020 son “empresas de carpeta” vinculadas al crimen organizado, no entidades que aportan impuestos o generan empleo. Anunció que el Ministerio Público elabora un instructivo general que entrará en vigencia antes del 7 de noviembre, fecha en que la Ley 44-26 (reforma de la 74-95 del nuevo Código Penal) establece la responsabilidad penal de las empresas. Por su parte, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, coincidió en la importancia de identificar riesgos, establecer controles y capacitar al personal, viendo la normativa como una oportunidad para una mejor gestión y mayor confianza.
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