SANTO DOMINGO. — El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana dictó una sentencia trascendental al anular la ordenanza de la Junta Distrital de Boca de Mao que pretendía imponer arbitrios y sanciones a las bancas de lotería y apuestas deportivas en dicha demarcación, reafirmando que estas entidades carecen de potestad tributaria autónoma.
Límites a la autonomía de las juntas distritales
La alta corte determinó que la norma emitida por la Junta Distrital de Boca de Mao, perteneciente al municipio de Esperanza en la provincia Valverde, es nula de toda nulidad. El fallo establece que las juntas distritales no están facultadas para establecer arbitrios por cuenta propia, ya que dicha competencia está reservada constitucionalmente a los ayuntamientos, siempre que cuenten con la aprobación previa del Concejo de Regidores correspondiente.
La ordenanza anulada no solo fijaba cobros de cinco mil pesos por apertura y quinientos pesos por publicidad exterior y desechos sólidos, sino que también otorgaba poderes a la Policía Municipal y Nacional para detener a quienes operaran sin la autorización de la junta. El TC concluyó que el órgano distrital se excedió en sus atribuciones, invadiendo competencias que la ley no le otorga de manera directa.
El recurso fue interpuesto por el empresario Fernando Antonio Guzmán Castro, propietario del Consorcio de Bancas Real, quien argumentó la inconstitucionalidad de los cobros. La Procuraduría General de la República también favoreció la nulidad, señalando que la publicidad en propiedades privadas no constituye un servicio municipal que justifique tales arbitrios. Esta decisión sienta un precedente crucial para la seguridad jurídica de los negocios en las diversas demarcaciones del país.
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