El planteamiento presidencial
La reincidencia delictiva marcó el primer día de las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente Luis Abinader defendió allí el cúmulo de penas del nuevo Código Penal con un argumento contundente: quienes acumulan diez antecedentes —»fichas» en el argot policial— difícilmente puedan reinsertarse en la sociedad, aunque matizó que «nunca se renuncia».
El contexto: 53,000 órdenes de arresto pendientes
El debate no ocurre en el vacío. La Policía Nacional acaba de difundir un registro de más de 53,000 personas con órdenes de captura pendientes, en medio del endurecimiento de las medidas oficiales contra la criminalidad. Para Abinader, la respuesta legal debe adaptarse a las modalidades criminales actuales del país.
La voz crítica desde el estrado
El contrapunto lo puso Rafael Armstrong Báez García, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y también aspirante. Su advertencia fue directa: «El tema del cúmulo de penas no va a resolver los problemas de la criminalidad, absolutamente. 60 años de prisión en un país donde el promedio de vida es 72, es algo que no necesita mucha explicación».
El magistrado explicó que detrás del cúmulo opera la llamada teoría de la incapacitación —apartar prolongadamente de la sociedad a quienes cometen ciertos delitos—, finalidad que choca frontalmente con el mandato constitucional de reinserción social de la pena. «Ambas razones son irreconciliables», sintetizó.
Más prevención, coincidencia parcial
Abinader y Báez García coincidieron en la necesidad de atacar las causas de la delincuencia y reforzar la prevención, pero divergieron en un punto esencial: el efecto del aumento de penas. «Mayores penas también está probado que es una disuasión», replicó el presidente, reconociendo que se trata de una discusión criminológica con posiciones diversas.
La jornada del CNM
El proceso —encabezado por Abinader y luego por la vicepresidenta Raquel Peña— evaluó este lunes a 21 aspirantes de los 88 candidatos a las seis vacantes de la SCJ, con el nuevo Código Penal (Ley 74-25) como eje recurrente de las preguntas.
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