Una reforma que genera polémica en el sector empresarial
El presidente Luis Abinader ha promulgado una nueva ley de residuos sólidos (Ley 36-26), que multiplica los pagos que deben realizar las empresas por el manejo de desechos, incluso para aquellas que no reporten ganancias. La normativa, aprobada de manera acelerada por el Congreso, entró en vigor de manera inmediata tras su promulgación, según confirmó el consultor jurídico de la Presidencia, Jorge Subero Isa, en una carta enviada al Senado el 9 de julio.
Cambios en la escala de contribuciones
La nueva ley modifica la escala de pagos según los ingresos brutos anuales de las empresas, con ajustes significativos en varios tramos:
- Empresas con ingresos de 0 a 5 millones de pesos: Ahora pagarán 5,000 pesos anuales (antes solo pagaban 3,000 las que facturaban hasta 1 millón).
- Empresas con ingresos de 5 a 10 millones de pesos: Mantienen su contribución en 6,000 pesos.
- Empresas con ingresos de 10 a 25 millones de pesos: Su pago aumenta de 20,000 a 25,000 pesos.
- Empresas con ingresos de 25 a 50 millones de pesos: Reducen su aporte de 155,000 a 90,000 pesos.
- Empresas con ingresos de 50 a 80 millones de pesos: Pagarán 120,000 pesos (antes el rango de 50 a 100 millones pagaba 260,000 pesos).
El mayor impacto recae en las grandes empresas con ingresos superiores a 100 millones de pesos, para las cuales se elimina la tarifa única de 675,000 pesos y se establece una escala progresiva que va desde 400,000 hasta 2.2 millones de pesos, dependiendo de sus ingresos.
Críticas del sector empresarial
La aprobación de esta ley ha generado fuertes cuestionamientos entre las organizaciones empresariales, que critican tanto el contenido de la reforma como la rapidez con que fue aprobada en el Congreso. El proyecto, depositado por el senador Antonio Marte, fue aprobado en solo cinco días, sin estudios previos en comisiones y bajo un procedimiento de urgencia.
Voces disidentes
- William Malamud, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR), argumentó que las reformas con impacto en la competitividad, sostenibilidad y clima de inversión deben discutirse con mayor tiempo y participación, basadas en evidencia.
- Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), expresó su preocupación por el aumento de la carga para empresas y consumidores, que ya enfrentan mayores retenciones debido a recientes medidas económicas. Además, cuestionó la falta de transparencia en el destino de los recursos recaudados y la ausencia de consultas con el sector privado y el fideicomiso DO Sostenible, encargado de administrar los fondos.
- La Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores) también solicitó una revisión técnica más amplia y un diálogo con los sectores productivos antes de la implementación de la ley.
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