SANTO DOMINGO. — El Gobierno dominicano, a través del director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, afirmó este lunes su firme interés en alcanzar un amplio consenso para modernizar la obsoleta Ley de Agua. Este proceso, considerado complejo por la multiplicidad de sectores e intereses involucrados, busca dotar al país de un marco legal actualizado antes de que concluya la actual gestión gubernamental en 2028.
Legislación de 1962 requiere urgente actualización
La normativa vigente, Ley 58-22, data de 1962 y ha permanecido sin modificaciones significativas durante más de seis décadas, a pesar de múltiples intentos en el Congreso Nacional. Arnaud reconoció la imperante necesidad de actualizar esta legislación para organizar y fortalecer la gestión de los recursos hídricos del país. La administración del presidente Luis Abinader ha elevado el tema del agua a prioridad nacional, evidenciado por la creación del Gabinete del Agua y el desarrollo del Pacto del Agua.
El Pacto del Agua, resultado de extensas consultas con la sociedad civil y diversos sectores, establece una hoja de ruta para un modelo de gestión a largo plazo, proyectando una inversión estimada de 9,000 millones de dólares en un período de 15 años. A pesar de los desafíos inherentes a un tema tan sensible, el director del INAPA aseguró que se están dando pasos importantes para construir los consensos necesarios y establecer un marco legal integral que abarque tanto el agua potable como el manejo general de los recursos hídricos.
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