SANTO DOMINGO. — La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado un informe de auditoría alarmante sobre la Dirección General de Migración (DGM), detectando la no localización física de 150 vehículos, bienes muebles no ubicados y serias deficiencias en el control de activos. El estudio, que abarca el periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2025, también señala 50 procesos de compras y contrataciones, valorados en aproximadamente 553 millones de pesos, que no estaban incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones de la institución.
Irregularidades en Activos, Compras y Nóminas
Entre los hallazgos más destacados, los auditores no lograron localizar ni identificar 150 vehículos (motocicletas, autobuses, camiones, camionetas y yipetas) registrados a nombre de la DGM ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Aunque el informe no afirma su sustracción, la observación permanece en proceso de subsanación. Adicionalmente, 149 activos fijos, desde equipos de defensa hasta bienes artísticos, figuraban en los registros contables pero no fueron encontrados en sus ubicaciones. La auditoría también identificó que 263 de 420 activos localizados carecían de la etiqueta o codificación oficial de Bienes Nacionales.
En cuanto a las adquisiciones, 50 procesos de compra por un monto de 553 millones de pesos se realizaron fuera del Plan Anual de Compras y Contrataciones. Migración justificó estas adquisiciones como necesidades extraordinarias, incluyendo la incorporación de 750 nuevos agentes y la habilitación de oficinas provinciales, y este hallazgo fue clasificado como subsanado posteriormente. Sin embargo, persisten deficiencias en el manejo de nóminas, que no están registradas en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), y se detectaron asignaciones de combustible por encima de los límites legales a 30 colaboradores, sumando 93,500 pesos en exceso. Ambas observaciones continúan en proceso de subsanación, al igual que 3.5 millones de pesos en cuentas por pagar a proveedores con más de dos años de antigüedad, algunas con hasta 11 años, que se tramitan para ser transferidas a Deuda Pública.
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