SANTO DOMINGO. — La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha aplazado para el 11 de enero de 2027 el conocimiento del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. Este recurso busca anular el auto de no ha lugar que favoreció a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, con el objetivo de que sean enviados a juicio de fondo por presunta corrupción administrativa. La postergación se debió principalmente a la falta de notificación a varias partes involucradas en el proceso penal.
Complejidad Procesal y Garantías del Debido Proceso
La presidenta del tribunal, Ysis Muñiz, acogió la solicitud de algunas defensas, incluyendo la de Gonzalo Castillo, argumentando el riesgo de excluir a actores del proceso que podrían verse afectados por las conclusiones de los recursos. Laura Acosta, abogada de Castillo, destacó que, aunque el Ministerio Público solo recurrió el auto de no ha lugar, el Equipo de Recuperación del Estado sometió otros recursos que atañen a otros acusados referentes a medidas de coerción real. De los 15 recursos de apelación en el rol de audiencia, Castillo solo fue notificado de 11.
Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), confirmó la falta de notificación no solo a algunas defensas, sino también a querellantes. El tribunal ha otorgado un plazo de dos días a las partes que alegan no haber recibido las notificaciones para que lo informen a la secretaría de la corte, pudiendo retirar los documentos correspondientes a los recursos del Ministerio Público y el Equipo de Recuperación del Patrimonio del Estado a partir del 1 de diciembre. La jueza justificó la distancia de la nueva fecha por la complejidad del caso, la acumulación de días feriados entre diciembre y enero, y la necesidad de reasignar otros procesos ya pautados para concentrarse exclusivamente en este expediente. El grupo de acusados, que incluye a más de treinta enviados a juicio de fondo, enfrenta cargos por una presunta estafa contra el Estado que supera los 41 mil millones de pesos. Otros tres acusados favorecidos con el no ha lugar, contra quienes el órgano acusador también apeló, son Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y la notario Rosa Arias Ruiz.
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