El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha calificado las protestas en Bolivia como un «golpe de Estado» impulsado por una «alianza entre la política y el crimen organizado», en declaraciones realizadas el martes 20 de mayo de 2026 durante una conferencia en Nueva York. Landau, citado por Reuters, expresó su preocupación por la escalada de violencia en el país sudamericano, donde las manifestaciones antigubernamentales han paralizado carreteras y ciudades en las últimas semanas.
El funcionario estadounidense señaló que el gobierno de Donald Trump está trabajando para contrarrestar el impacto de las protestas, que, según su versión, buscan desestabilizar al presidente Rodrigo Paz, elegido democráticamente con el 54% de los votos en noviembre de 2025. «No puede ser que un líder elegido por el pueblo hace menos de un año enfrente ahora manifestantes violentos bloqueando las calles», declaró Landau, quien criticó la «incivilidad» que, a su juicio, perjudica a toda América.
Las demandas de los manifestantes
Las protestas en Bolivia comenzaron a principios de mayo de 2026, con huelgas y bloqueos de vías liderados por mineros, transportistas y grupos rurales. Los manifestantes exigen:
- Mejoras salariales.
- Soluciones al desabastecimiento de combustible.
- La revocación de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Paz.
El presidente Paz ha justificado sus políticas de austeridad, argumentando que son esenciales para superar la crisis económica heredada de la administración anterior. Sin embargo, las movilizaciones han crecido en intensidad, generando caos en el transporte y la economía del país.
La postura de EE.UU.: Un llamado a la estabilidad
Landau expresó su «pena» por el hecho de que las reformas prometedoras de Paz estén en riesgo debido a las protestas. «Es malo para todos los países de América presenciar este tipo de incivilidad», afirmó, subrayando que la violencia y los bloqueos no son el camino para resolver las diferencias políticas.
La acusación de que las protestas están vinculadas al crimen organizado añade una dimensión adicional al conflicto, sugiriendo que actores externos podrían estar manipulando el descontento social para socavar la legitimidad del gobierno boliviano.
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