SANTO DOMINGO. — El Poder Ejecutivo ha promulgado la Ley núm. 87-26, una reforma crucial que establece la prioridad de los trámites judiciales por vía digital en la República Dominicana. Esta nueva normativa, que modifica la Ley núm. 339-22 sobre el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, busca mejorar la eficiencia, la transparencia y la agilidad en el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
Agilización y Transparencia en el Sistema Judicial Dominicano
La Ley 87-26 introduce importantes actualizaciones al marco normativo, incorporando definiciones clave como autenticación, acto jurisdiccional electrónico, buzón judicial digital y expediente electrónico. Asimismo, especifica el uso de la firma electrónica y la firma digital cualificada, otorgándoles plena validez jurídica a sentencias y resoluciones sin necesidad de certificaciones adicionales.
Entre sus principales novedades, la ley dispone que, aunque los trámites se realizarán prioritariamente de forma digital, se garantiza el derecho a realizarlos presencialmente para quienes no cuenten con los medios técnicos o la capacitación requerida, asegurando que el entorno virtual no sea una barrera.
Un avance significativo es la creación del sistema digital de georreferenciación ministerial, administrado por el Poder Judicial. Este sistema registrará en tiempo real la fecha, hora y coordenadas geoespaciales de cada diligencia procesal, brindando mayor trazabilidad y certeza a la labor de los alguaciles. Además, la normativa autoriza las audiencias virtuales en todas las materias, con excepciones específicas para el ámbito penal. La ley también contempla mecanismos de contingencia operativa ante situaciones de fuerza mayor, garantizando la continuidad del servicio judicial. Su entrada en vigor se producirá tras su promulgación y publicación oficial, cumpliendo los plazos constitucionales y civiles.
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