Detrás de las declaraciones del canciller Bisonó hay un documento incómodo. El informe del Panel de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití —presentado en su versión provisional S/2026/241 el 27 de marzo de 2026— documenta que la banda 400 Mawozo habría utilizado municiones procedentes de las reservas de la Policía Nacional y del Ejército dominicano, parte de las cuales presuntamente fueron desviadas por agentes corruptos y comercializadas para su traslado a territorio haitiano (Portada Nacional, El Nuevo Norte).
Las cifras son elocuentes. Según el informe, de los depósitos de la Policía Nacional fueron desviadas 908.001 municiones, incluyendo más de 489.000 cartuchos calibre 9 milímetros, unos 230.000 de calibre 5,56 x 45 mm, alrededor de 26.000 de 7,62 x 39 mm y cerca de 93.000 cartuchos para escopetas. El documento también identifica municiones fabricadas en República Dominicana durante las décadas de 1950 y 1960 entre las encontradas en poder de integrantes de 400 Mawozo (NteleMicro).
El caso tiene además un precedente revelador: una investigación anterior sobre el desvío de municiones de la Policía Nacional por parte de sus propios oficiales, que fueron vendidas a pandillas de Puerto Príncipe. En noviembre de 2022, el CESFRONT interceptó en la frontera a dos mujeres haitianas que intentaban trasladar ilegalmente 22.160 municiones, y seis senadores estadounidenses manifestaron preocupación por el presunto tráfico, lo que provocó una investigación en el Senado dominicano (Acento).
Frente a estos hallazgos, el Ministerio de Defensa ha precisado que «la coincidencia entre los calibres, marcas o características de las municiones encontradas y el material adquirido legalmente por República Dominicana no constituye, por sí sola, prueba de una transferencia autorizada por las Fuerzas Armadas», aunque mantiene las investigaciones abiertas (Proceso).
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