El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha desencadenado una crisis de incertidumbre económica a nivel global, y República Dominicana no es ajena a sus efectos. Aunque el Gobierno, liderado por la vicepresidenta Raquel Peña, ha asegurado que el país está preparado para enfrentar los posibles impactos, economistas y analistas advierten que el alza en los precios del petróleo podría generar presiones inflacionarias, un mayor gasto público en subsidios y una desaceleración del crecimiento económico.
El escenario económico actual: República Dominicana consume diariamente 144,000 barriles de petróleo, y cualquier aumento en el precio internacional del crudo se traduce en un incremento inmediato en la factura petrolera. Según el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, si el barril sube solo 10 dólares, el país enfrentaría un costo adicional de 700 millones de dólares anuales, lo que afectaría el transporte, la energía eléctrica y los precios de los alimentos.
El economista Henri Hebrard profundizó en el análisis, señalando que el presupuesto nacional para 2026 estimó el precio del barril en 47 dólares, pero el conflicto ha disparado los valores a más de 77 dólares. Esto significa que el Estado está pagando un sobreprecio de 30 dólares por barril, lo que podría elevar la factura petrolera en 1,600 millones de dólares anuales si el precio alcanza los 100 dólares. «El Gobierno tendría que asumir parte del incremento para evitar un alza brusca en los precios internos», explicó Hebrard, quien también advirtió sobre el riesgo de presiones en el tipo de cambio y una reducción del crecimiento económico.
El efecto dominó en la economía dominicana: El alza en los combustibles no solo encarecería el transporte y la energía, sino que también afectaría la cadena de producción y distribución de alimentos, aumentando los costos operativos de las empresas y reduciendo el poder adquisitivo de los ciudadanos. Además, una eventual desaceleración de la economía estadounidense —principal socio comercial de República Dominicana— podría impactar negativamente en turismo, exportaciones y remesas, sectores clave para la economía local.
La respuesta del Gobierno: Ante este panorama, Raquel Peña ha reiterado que el Gobierno cuenta con una planificación sólida y mecanismos de cobertura para mitigar los efectos de la crisis. «Estamos monitoreando todo el proceso y tenemos las herramientas necesarias para proteger a la población», aseguró la vicepresidenta, quien también destacó que no será necesario recurrir a reservas estratégicas de combustibles gracias a los seguros y acuerdos previos que reducen la exposición al riesgo.
Protección a los dominicanos en el exterior: El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) ha activado protocolos de emergencia para los casi 2,000 dominicanos que residen en países del Medio Oriente, incluyendo Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Turquía. Las embajadas en la región han establecido líneas de comunicación directas y coordinación con las autoridades locales para garantizar la seguridad de los connacionales.
Perspectivas a futuro: Aunque el Gobierno dominicano ha adoptado una postura de prudencia y preparación, los economistas coinciden en que el impacto final dependerá de la duración del conflicto y de si se extiende a otros actores regionales. Si la guerra se prolonga, el país podría enfrentar un escenario de estanflación, con bajo crecimiento y alta inflación, similar al observado durante crisis energéticas anteriores.
Conclusión: El Gobierno dominicano ha demostrado una capacidad de respuesta rápida ante la crisis, pero los desafíos económicos persisten. La clave estará en mantener un equilibrio entre protección social y sostenibilidad fiscal, especialmente si el conflicto en Irán se extiende más allá de lo esperado.
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