El Estrecho de Ormuz, un corredor marítimo de solo 54 kilómetros que conecta el Golfo Pérsico con el mar de Omán, se ha convertido en el epicentro de una crisis energética global que está golpeando con fuerza a República Dominicana, un país que, aunque está a más de 11,000 kilómetros de distancia, depende completamente de las importaciones de petróleo. Desde el 28 de febrero de 2026, cuando Irán respondió a un ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel con la amenaza de cerrar el estrecho, el mercado petrolero global ha operado bajo una volatilidad sin precedentes, lo que ha encarecido los combustibles en el país, elevado la factura energética en US$900 millones y obligado al Gobierno a destinar hasta RD$1,600 millones semanales en subsidios para mitigar el impacto en la inflación y el poder adquisitivo de los ciudadanos.
El Estrecho de Ormuz es la principal arteria energética del mundo: por allí transita cerca del 20% del petróleo global, entre 17 y 21 millones de barriles diarios, procedentes de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak e Irán. Aunque existen oleoductos alternativos, su capacidad es insuficiente para reemplazar el flujo marítimo del estrecho. Por eso, cualquier amenaza de interrupción en esta vía provoca un aumento inmediato en los precios internacionales del crudo. Según el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía (AIE), en su Informe del Mercado del Petróleo de abril de 2026, la crisis inicial generó una pérdida de aproximadamente 10 millones de barriles diarios, una cifra sin precedentes históricos. Como consecuencia, el precio del barril de Brent superó los 126 dólares a finales de abril, su nivel más alto desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.
Ante esta situación, Estados Unidos lanzó el «Proyecto Libertad», una operación militar para escoltar buques mercantes en el estrecho. Sin embargo, Irán lo interpretó como una violación del alto el fuego pactado el 8 de abril, y respondió con ataques contra tres buques estadounidenses. Aunque el 5 de mayo el entonces presidente Trump suspendió la operación, alegando avances en las negociaciones, la tensión persiste: no hay un acuerdo firmado, el estrecho no está completamente reabierto, y el precio del crudo sigue presionando al alza.
Para República Dominicana, que no produce petróleo y importa el 100% de sus hidrocarburos, esta crisis ha tenido un impacto económico directo y devastador. Aunque en 2014 Venezuela era su principal proveedor bajo el acuerdo PetroCaribe, desde 2016 el mapa energético dominicano se reconfiguró, y hoy los tres principales proveedores son Estados Unidos (más del 80% de las importaciones), Países Bajos y Colombia. Sin embargo, el petróleo es un mercado global con un precio único: cuando el crudo sube en el Golfo Pérsico, sube en Houston, Rotterdam y Barranquilla. Por eso, aunque República Dominicana no importa directamente de Oriente Medio, el precio de referencia internacional —determinado en gran medida por lo que ocurre en el Estrecho de Ormuz— afecta directamente el costo de los combustibles en el país.
El Banco Central de República Dominicana (BCRD) ha calculado que la guerra en Ormuz le costará al país US$900 millones adicionales en su factura energética durante 2026, elevando el gasto total en energía a cerca de US$5,400 millones al cierre del año, en comparación con los US$4,662.1 millones de 2025. Este es el mayor choque energético que ha enfrentado la economía dominicana en décadas. Además, el BCRD advierte que la inflación superará el 5% entre el segundo y tercer trimestre de 2026, alcanzando su pico máximo en el último período, debido al encarecimiento de los combustibles y su efecto dominó en el transporte, la logística y la producción de alimentos.
Para contener el golpe, el Gobierno ha optado por absorber la mayor parte del aumento. El ministro de Hacienda, Magín Díaz, confirmó que el Estado destina entre RD$1,500 y RD$1,600 millones semanales en subsidios a los combustibles, una cifra que el propio funcionario calificó como uno de los choques externos más severos registrados. La estrategia consiste en absorber el 80% del aumento del precio internacional y trasladar solo el 20% al consumidor final. Sin embargo, el aumento ya se ha reflejado en las bombas de gasolina: la semana del 2 al 8 de mayo, el MICM dispuso un aumento de hasta RD$9.00 por galón en gasolina premium y gasoil óptimo, llevando los precios a RD$323.10 y RD$275.10, respectivamente.
El debate sobre la sostenibilidad de este modelo de subsidios está en el centro de la discusión pública. Mientras el economista José Lois Malkún considera que esta es la decisión correcta en un contexto de alta incertidumbre, otros argumentan que, a la larga, el ciudadano termina financiando su propio alivio. Ante la pregunta de qué pasaría si el conflicto se prolonga, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró en marzo que los principales contratos de suministro de gas natural —que hoy es la principal fuente de la matriz energética dominicana (41.4%)— tienen precios fijados, por lo que no habría un impacto inmediato. Sin embargo, advirtió que una prolongación del conflicto podría afectar el abastecimiento a través del Estrecho de Ormuz, especialmente porque el gas natural licuado (GNL) que se comercializa en los mercados internacionales también proviene en parte de la misma región.
En este escenario, la producción regional de energía emerge como una alternativa estratégica. Según el reporte de la OLACDE de enero de 2026, América Latina y el Caribe aumentó su producción de petróleo en un 11% con respecto a 2025, con Brasil, México y Venezuela como los principales productores. En gas natural, la región produjo 28,000 millones de metros cúbicos, con Argentina (21%), Trinidad y Tobago (20%) y Brasil (13%) como los líderes. Un dato clave es que el 56% de las importaciones de petróleo y el 59% de las adquisiciones de gas natural en la región provienen de mercados intrarregionales, lo que sugiere que fortalecer los vínculos energéticos con países como Trinidad y Tobago —un exportador clave de GNL en el hemisferio— podría ser una solución estructural para reducir la vulnerabilidad de República Dominicana.
La crisis en Ormuz ha reavivado el debate sobre la soberanía energética en el país. Aunque la matriz energética dominicana ha diversificado su generación —la participación de los derivados del petróleo en la generación eléctrica cayó del 45% al 10% entre 2020 y 2025, mientras que el gas natural se consolidó como la principal fuente (41.4%), seguido del carbón mineral (29.7%)—, esta diversificación solo reduce, pero no elimina, la exposición al precio del crudo. Además, el gas natural tampoco es inmune a la geopolítica del Golfo Pérsico, ya que una parte del GNL que se comercializa internacionalmente proviene de la misma región.
Ante este panorama, el país avanza en la elaboración de su Política Energética Nacional 2050, una estrategia que busca diversificar la generación, ampliar el acceso a la energía y consolidar las fuentes renovables. La viceministra de Innovación y Transición Energética, Betty Soto, destacó el potencial de República Dominicana para liderar un modelo energético sostenible en la región, basado en energías limpias como la solar, eólica e hidroeléctrica, que no dependen de estrechos, conflictos bélicos ni decisiones de la OPEP. Como argumentó Soto: «Un kilowatt generado por un panel solar en Azua o por un aerogenerador en Pedernales es un kilowatt que no está sujeto a la volatilidad del crudo internacional».
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