SANTO DOMINGO. — El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) ha propuesto la creación de un pacto nacional por la seguridad ciudadana, acompañado de un ambicioso plan decenal para el período 2026-2036, con el objetivo primordial de elevar la prevención de la violencia a la categoría de política de Estado, respaldada por un sólido marco legal y un presupuesto plurianual. La iniciativa fue presentada por Ysócrates Andrés Peña Reyes, director general del organismo, y Juan Alfonso Mera Montero, coordinador de estrategias.
Ejes Estratégicos para una Seguridad Integral
La propuesta del CRD se articula en doce ejes estratégicos, diseñados para fortalecer pilares fundamentales de la sociedad como la familia, la educación, el empleo, la justicia, la modernización policial y la participación comunitaria. Entre las medidas clave se incluyen la creación de centros provinciales de atención familiar que ofrecerán servicios gratuitos de psicología, mediación y asistencia legal, así como programas de intervención directa en cien barrios identificados con alta incidencia delictiva. Además, se contempla la entrega de ayudas mensuales de RD$3,000 a cinco mil familias, condicionadas a la permanencia escolar de sus hijos y a la promoción de una convivencia sin violencia.
En el ámbito laboral, el CRD sugiere subsidiar el 50 % del salario de jóvenes contratados por empresas durante seis meses y establecer un fondo de RD$200 millones para financiar mil emprendimientos juveniles. Respecto a la Policía Nacional, la iniciativa plantea un salario base mínimo de RD$40,000 netos, ascensos basados en el mérito, la implementación de patrullaje por cuadrantes y el uso obligatorio de cámaras corporales, reforzando la formación en derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.
El plan también prevé la expansión de la videovigilancia conectada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia con protección de identidad y la creación de tribunales de flagrancia y consejos municipales de seguridad. Se propone destinar el 5 % de los presupuestos municipales a programas preventivos. Para el abordaje de las adicciones, el organismo busca diferenciar la persecución del narcotráfico de la atención sanitaria a personas con dependencia, mediante centros regionales de rehabilitación y programas de reinserción laboral. La financiación del plan se proyecta con recursos equivalentes al 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), con auditorías independientes anuales para garantizar la transparencia y eficacia.
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