SANTO DOMINGO. — A pesar de los miles de apresamientos anuales de personas que intentan viajar ilegalmente en embarcaciones improvisadas hacia Puerto Rico, y el sometimiento a la justicia de presuntos organizadores, la República Dominicana enfrenta una notoria brecha entre los casos judicializados y las condenas efectivas. Las penas impuestas a menudo no se traducen en prisión, generando un desafío persistente para las autoridades en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.
Cifras Revelan Desafío en la Aplicación de la Ley
Entre 2020 y 2024, la Procuraduría General de la República (PGR) reportó 1,333 personas judicializadas por trata y tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, en el mismo período, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) registró solo 107 condenas por estos delitos, una diferencia abismal que subraya la dificultad en la persecución y sanción de estos crímenes. De las condenas, 71 fueron por tráfico ilícito y 36 por trata, con un total de 29 sentencias en 2024.
Un caso reciente en Samaná ilustra esta problemática: el Juzgado de la Instrucción impuso presentación periódica durante seis meses como medida de coerción a Enerson Vilorio Eusebio y Ramón Francisco Sosa Batista, señalados como presuntos organizadores de un viaje ilegal con 62 personas a bordo. La Armada de República Dominicana, por su parte, reportó la detención de 26,527 personas en viajes ilegales entre julio de 2018 y marzo de 2025, evidenciando la magnitud del problema en el mar.
La revisión de sentencias por tráfico de migrantes revela que las condenas no siempre implican prisión efectiva. En Dajabón, de siete sentencias analizadas, solo dos resultaron en prisión (uno y dos meses, y tres años), mientras que en los otros cinco casos la ejecución de la pena fue suspendida total o parcialmente. La Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25, establece penas de 15 a 20 años de prisión y multas elevadas para el delito base, pero su aplicación efectiva sigue siendo un reto.
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