SANTO DOMINGO. — Las alcaldías dominicanas están bajo escrutinio por el alarmante cierre y abandono de bibliotecas municipales, con sesenta de estos espacios culturales desaparecidos desde 2009. Esta situación ha puesto en tela de juicio el cumplimiento de la Ley 502-08, que obliga a las autoridades municipales a destinar recursos y mantener la infraestructura de las bibliotecas públicas en sus jurisdicciones.
El Debate sobre la Ley 502-08 y la Cultura Local
Julio César Morel, encargado de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, denunció que muchas bibliotecas han sido sustituidas por funerarias, citando el caso de El Prado en Azua como un ejemplo excepcional que se salvó gracias a la intervención comunitaria. Sin embargo, el alcalde de Azua, Rafael Antonio Hidalgo Fernández, se defendió alegando que la biblioteca estaba cerrada antes de su gestión y que hubo un acuerdo comunitario para dar otro uso al terreno, además de culpar a los avances tecnológicos por la disminución del uso de estos espacios.
La Ley 502-08, en su artículo 33, numeral 6, es clara al establecer la obligación de las alcaldías de “destinar los recursos suficientes e incluir las apropiaciones presupuestales necesarias para establecer, ampliar y mantener la infraestructura… de las bibliotecas públicas”. Expertos señalan que encontrar un espacio inhabilitado no exime a las autoridades de su deber de promover y ejecutar la Política Nacional de la Lectura y del Sistema Nacional de Bibliotecas. La Liga Municipal Dominicana no ha emitido declaraciones al respecto.
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