SANTO DOMINGO. — La Ley de Extinción de Dominio en República Dominicana plantea retos y garantías para jueces, fiscales y abogados. Expertos destacan la importancia de entender la autonomía de este proceso frente a la justicia penal.
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Los expertos coinciden en que la Ley 340-22 está «impregnada desde el principio hasta el final de garantías del debido proceso», lo que busca proteger los derechos de los involucrados. Sin embargo, también advierten sobre los desafíos que enfrentan en la aplicación de esta figura jurídica.
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