Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) ha iniciado un proceso de reforma profunda a la Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98, vigente desde hace 27 años, con el objetivo de actualizarla a los cambios tecnológicos, la transformación del mercado y las nuevas necesidades de los usuarios en el entorno digital.
Objetivos de la Reforma
La institución ha contratado un equipo especializado de juristas y consultores que tendrá la misión de elaborar un anteproyecto de ley que responda a los desafíos regulatorios actuales, fortalezca los derechos de los usuarios, promueva una competencia más justa y consolide el papel del Estado como garante del acceso equitativo a los servicios digitales.
Declaraciones del Presidente del INDOTEL
“La legislación vigente fue diseñada para un contexto analógico que ya no se corresponde con la realidad actual del sector. Esta reforma permitirá construir un nuevo marco legal moderno, inclusivo y enfocado en el ciudadano como centro de la política pública”, expresó Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del INDOTEL.
Etapas del Proceso de Reforma
El proceso de reforma se desarrollará en distintas etapas, incluyendo la definición de prioridades regulatorias, la redacción técnica del nuevo articulado, consultas internas y externas, y una fase final de socialización del texto que será presentado al Congreso Nacional.
Aspectos Clave del Nuevo Marco Legal
Entre los aspectos que abordará el nuevo marco legal figuran la regulación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), una redefinición del rol del órgano regulador en un entorno convergente, el fortalecimiento de la competencia leal y un sistema de garantías más sólido para los derechos de los usuarios en el entorno digital.
Consultas Públicas
Además, INDOTEL desarrollará un amplio proceso de consultas públicas en el que participarán prestadoras de servicios, instituciones estatales, representantes del ámbito académico, sociedad civil y organismos internacionales, con miras a lograr una propuesta normativa participativa, transparente y técnicamente bien fundamentada.
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