La procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, anunció este domingo la apertura de una investigación penal para examinar ocupaciones ilegales, fraudes inmobiliarios y posibles actos de corrupción en áreas protegidas del país. La medida busca salvaguardar el patrimonio natural y determinar responsabilidades penales en casos que afectan espacios como el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino.
Detalles de la investigación Reynoso instruyó la formación de un equipo especial de investigación, coordinado por el procurador adjunto Wilson Camacho, para indagar sobre entramados criminales, falsificación de documentos y prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento ilegal de tierras en estas zonas. El objetivo es proteger los 134 espacios que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Impacto y alcance La procuradora destacó que la conservación de estas áreas es esencial para garantizar los servicios ambientales y económicos que benefician a la sociedad dominicana, tanto en el presente como en el futuro. Además, se elaborará un informe nacional sobre la situación legal y ambiental de todas las áreas protegidas, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Conclusión Esta investigación refleja el compromiso del Estado dominicano con la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción y la impunidad en el manejo de los recursos naturales.
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