Un llamado a fortalecer la justicia para las víctimas La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó durante su participación en la Conferencia Internacional de Justicia Abierta que el sistema judicial dominicano —y el de América Latina en general— tiene una «deuda histórica» con las víctimas de crímenes. Según Reynoso, aunque los imputados cuentan con garantías de debido proceso, las víctimas suelen ser olvidadas en el sistema, sin acceso a una reparación oportuna ni a la protección de sus derechos fundamentales.
El desequilibrio en el sistema judicial Reynoso explicó que, tradicionalmente, la doctrina jurídica se ha centrado en los derechos de los acusados, dejando en segundo plano a las víctimas. «Gran parte de la jurisprudencia regional no considera la reparación como un derecho esencial», afirmó, subrayando que esto niega justicia a quienes han sufrido delitos. La procuradora insistió en que fortalecer la justicia implica garantizar que todas las partes involucradas —incluidas las víctimas— reciban un trato equitativo.
Fiscalías comunitarias: Un paso hacia la accesibilidad Como parte de su gestión, Reynoso anunció la creación de 24 fiscalías comunitarias, aprobadas por el Consejo Superior del Ministerio Público. Estas fiscalías se ubicarán en zonas con alta incidencia delictiva, basándose en un mapa de criminalidad que identifica las áreas más vulnerables. «La justicia debe ser accesible, incluso para quienes llegan en chancletas», declaró, destacando que el objetivo es que la ciudadanía pueda acceder a la justicia sin barreras.
Un modelo de justicia más humano La procuradora participó en un panel moderado por Berenice Barinas, directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental, donde también intervinieron expertos como Juan Carlos Astúa Jaime (Costa Rica) y Gerardo Andrés Hernández Montes (Colombia). Reynoso reiteró que una justicia fuerte es aquella que protege a las víctimas, garantiza el debido proceso y asegura la reparación de los daños.
Un compromiso con la equidad Reynoso concluyó que su gestión busca diseñar un sistema judicial que responda a las necesidades reales de la ciudadanía, priorizando la accesibilidad y la protección de los derechos de las víctimas. Este enfoque, según la procuradora, es clave para recuperar la confianza en las instituciones y para construir una sociedad más justa.
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