Un decreto que genera indignación
El presidente Luis Abinader otorgó una pensión mensual de RD$90,000 a Wanda García Rondón, exdirectora del Acuario Nacional, quien fue destituida en 2024 tras un escándalo de nepotismo, irregularidades en contrataciones y manejo cuestionado de recursos públicos. La decisión, plasmada en el decreto 45-26 del 27 de enero de 2026, ha generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la justicia en el uso de fondos públicos.
El escándalo que llevó a su destitución
Wanda García fue suspendida en noviembre de 2023 y destituida en enero de 2024 tras una investigación periodísticaque reveló múltiples irregularidades durante su gestión, incluyendo:
- Nepotismo: Designó a su yerno, Vladimir Stalin Lugo Reyes, como asesor tecnológico del Acuario Nacional. Lugo recibió pagos irregulares, incluyendo tickets de combustible por RD$499,100 en solo seis meses, incluso después de dejar el cargo.
- Contratos cuestionables: Empresas sin experiencia —como un food truck y una de catering— ganaron licitaciones por millones de pesos, como un contrato de RD$1,033,680 para asesoría técnica.
- Pagos inflados: Se documentaron compras y pagos muy superiores a los precios de mercado, incluyendo la adjudicación de un contrato para adquirir especímenes vivos (como tiburones) a una empresa sin capacidad para cumplirlo.
- Asignaciones indebidas: Dos conserjes que no tenían vehículos recibieron tickets de combustible por RD$160,500 y RD$113,500.
Investigaciones que confirmaron las irregularidades
Las irregularidades fueron investigadas por:
- Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).
- Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que confirmó vínculos familiares en el Acuario Nacional desde 2022.
La periodista Nuria Piera expuso en un reportaje que la empresa Suplidora LH, vinculada a Lugo, ganó contratos para servicios tan diversos como brillado de pisos y asesoría financiera, a pesar de operar desde un local abandonado.
Reacciones y preguntas sin respuesta
La decisión de otorgar una pensión a García ha generado indignación en la opinión pública, especialmente porque:
- No hay claridad sobre los criterios usados para concederle este beneficio.
- Contrasta con la gravedad de las irregularidades cometidas durante su gestión.
- Envía un mensaje ambiguo sobre la lucha contra la corrupción en el país.
¿Qué sigue ahora?
- Transparencia: ¿Se harán públicos los criterios para otorgar esta pensión?
- Justicia: ¿Habrá consecuencias legales para los responsables de las irregularidades?
- Reforma: ¿Cómo puede el gobierno evitar casos similares en el futuro?
Reflexión final: ¿Justicia o privilegio?
- ¿Es justo que una funcionaria destituida por corrupción reciba una pensión vitalicia?
- ¿Qué mensaje envía esto a otros funcionarios públicos sobre la impunidad?
- ¿Cómo puede la sociedad exigir mayor transparencia en el uso de los recursos públicos?
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La entrada caduca en 7:54pm el viernes, 2 octubre 2026