La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó este domingo al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que dicte auto de apertura a juicio contra Hugo Beras, exdirector del Intrant, Jochi Gómez (José Ángel Gómez Canaán), propietario de la empresa Aurix, y otros implicados en el caso Camaleón, uno de los escándalos de corrupción más graves en la historia reciente de República Dominicana. La magistrada Mirna Ortiz, titular de litigación de la Pepca, presentó pruebas contundentes que, según el Ministerio Público, demuestran la participación de los acusados en un esquema de estafa al Estado, lavado de activos y sabotaje tecnológico.
Los acusados y su papel en el caso Camaleón
El Ministerio Público imputa a los siguientes individuos y empresas por su participación en el entramado delictivo:
🔹 Personas físicas:
- Hugo Beras: Exdirector del Intrant, acusado de facilitar contratos irregulares.
- Jochi Gómez (José Ángel Gómez Canaán): Propietario de Aurix y considerado el cerebro del esquema, con vínculos societarios y financieros con múltiples empresas involucradas.
- Pedro Vinicio Padovani Báez: Exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda: Exdirector de Tecnología del Intrant.
- Frank Rafael Atilano Díaz Warden: Excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.
- Juan Francisco Álvarez Carbuccia: Director administrativo y financiero.
- Carlos José Peguero Vargas y Henry Darío Féliz Casso: Otros implicados en la red de corrupción.
🔹 Empresas involucradas:
- Transcore Latam S.R.L.
- Aurix S.A.S.
- INPROSOL S.R.L.
- OML Inversiones S.R.L.
- PagoRD Xchange S.R.L.
- Industria Soltex Dominicana S.R.L.
- Dekolor S.R.L.
El esquema delictivo: Corrupción, lavado de activos y sabotaje tecnológico
Según la Pepca, el caso Camaleón se basa en un sistema de contratos y convenios irregulares entre el Intrant y el Ministerio de Defensa con empresas como Dekolor, PagoRD Xchange y Transcore Latam. Estas empresas habrían recibido acceso privilegiado a fondos públicos, que fueron utilizados para operaciones de lavado de activos y vulnerar la transparencia administrativa.
Jochi Gómez es señalado como el eje central de esta red delictiva, debido a sus vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas mencionadas. Bajo su dirección, estas compañías habrían consolidado su control sobre infraestructuras críticas del país, como los sistemas de pago electrónico y gestión de tráfico, para desviar recursos públicos.
Las pruebas presentadas por la Pepca
La magistrada Mirna Ortiz aseguró que el Ministerio Público cuenta con pruebas legales y contundentes, obtenidas en estricto cumplimiento de la normativa, que demuestran:
- Contratos irregulares entre el Intrant y las empresas implicadas.
- Transferencias de fondos públicos sin justificación clara.
- Vínculos financieros entre los acusados y las empresas.
- Sabotaje tecnológico en sistemas críticos del Estado.
«Solicitamos que sean acreditados todos y cada uno de los elementos de prueba presentados en nuestro escrito de acusación, por haber sido obtenidos en cumplimiento estricto de la normativa legal», declaró Ortiz ante la jueza Yanibet Rivas.
Medidas de coerción y riesgo de fuga
La Pepca también solicitó el mantenimiento de las medidas de coerción contra los imputados, incluyendo el impedimento de salida del país para Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, debido al riesgo latente de fuga. La magistrada Ortiz advirtió que la situación jurídica de los procesados se ha agravado ante la contundencia de las pruebas, lo que aumenta la posibilidad de que intenten eludir la acción de la justicia.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional deberá evaluar las pruebas presentadas por la Pepca y decidir si envía a juicio de fondo a los acusados. De ser así, Hugo Beras, Jochi Gómez y los demás implicados tendrían que responder ante un tribunal por los delitos de:
- Estafa al Estado.
- Lavado de activos.
- Sabotaje tecnológico.
- Corrupción administrativa.
El impacto del caso Camaleón en la sociedad dominicana
Este caso ha generado indignación pública debido a la magnitud de la corrupción y el desvío de recursos que debían destinarse a servicios esenciales. La Pepca ha enfatizado que su objetivo es garantizar que los responsables enfrenten la justicia y que los fondos públicos sean recuperados y utilizados correctamente.
¿Quieres saber más sobre las pruebas presentadas por la Pepca o cómo afecta este caso a la transparencia en el Intrant? 😊
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