Denuncias de enriquecimiento ilícito, influencias, y uso de recursos del Estado para favores personales sacuden al INABIE.
Santo Domingo, República Dominicana – 02 de mayo de 2025 –
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) vuelve a ser epicentro de controversia tras la aparición de múltiples denuncias que apuntan a una red de corrupción, nepotismo y uso indebido de fondos públicos, encabezada por su actual director ejecutivo, Víctor Castro.
Demanda por muerte en construcción vinculada al INABIE.
Castro enfrenta una demanda legal en Villa Vásquez luego del fallecimiento de un joven que impactó con una montaña de arena dejada irresponsablemente frente a una construcción de apartamentos asociada a proyectos particular manejados por su oficina. La víctima murió en el acto, y su familia ha iniciado un proceso judicial por negligencia contra el funcionario.
Nombramientos fantasmas y favores de intimidad.
Las denuncias también giran en torno al nombramiento de Jennifer Cruz, señalada como amiga íntima de Castro, quien figura con un salario de RD$90,000 mensuales en INABIE, sin asistir regularmente a sus funciones. Su currículum habría sido introducido previamente en el Ministerio de Turismo con intenciones de asegurarle una posición fija.
» el señor Liria se jacta de decir que este es su tiempo y que nada ni nadie lo va a desviar de su objetivo y una muestra de esa realidad. Es que tiene al Dr. Luis Minaya, médico General, nombrado como analista de nutrición y consta en la nómina con un salario de 80 mil pesos y su labor es atenderle su traba de gallos y labora a al lado de la traba de gallo de su amigo y colega expelotero Starlin Castro, ubicada detrás de los multifamiliares de Sabica, próxima a la finca de Stalin. Esta práctica parte desde el despacho de Víctor Castro, quien tiene nombrado a todas sus gentes y estos a su vez nombran a los suyos, dígase primos, hermanos, tios, tias y demás familiares, además a sus mujeres y queridas, por lo que el INABIE se encuentra en manos de familias, según le ha informado varias fuentes al Periódico La Taza.
Lujos, yates y camaradería en fincas.
La investigación revela un entorno de ostentación y camaradería entre los implicados.
Víctor Castro y Osvaldo Liria fueron vistos recientemente compartiendo en un yate en la costa de Montecristi, acompañados de Jennifer Cruz y Yamilka, una reconocida suplidora de Bonao. Las imágenes circularon en grupos privados de supervisores de INABIE, donde incluso se ha acusado a Liria de enviar fotos «para provocar y dejar claro que se siente intocable».
También se documentan frecuentes encuentros entre Melvi un empresario previamente investigado por la periodista Alicia Ortega a quien le descubrió empresas falsas y Liria, donde comparten entre “gallos, mujeres y fincas”, en lo que muchos consideran un abuso flagrante de los recursos y privilegios del Estado.
Nepotismo en Recursos Humanos.
Una figura importante en el esquema sería Anny, ex secretaria personal de Castro en el Ministerio de Interior y Policía, a quien trasladó consigo a INABIE, donde fue nombrada directora de Recursos Humanos.
Rumores persistentes en los pasillos de la institución señalan que podría estar embarazada del director, lo que ha generado controversia sobre el uso de posiciones públicas para fines personales.
Amenazas internas y control del personal.
Fuentes internas del INABIE afirman que se ha instalado un sistema de vigilancia y presunta intervención telefónica a empleados, creando un ambiente de terror psicológico para evitar filtraciones o denuncias. Actualmente cuentan con un ciudadano chino cuyo nombre extramente es Luis Santiago Mosquetes y este es utilizado para operar el sistema el cual se cae y se frisa frecuentemente, de tal manera, que casi no le permite trabajar.
Trabajadores temen represalias y han denunciado que se les obliga a guardar silencio ante las irregularidades observadas.
Reclamos de transparencia y sanción
Estos hechos han provocado un creciente reclamo ciudadano y político. Diversos sectores, incluyendo representantes del sector empresarial, organizaciones sociales comprometidos con la ética pública, exigen una auditoría urgente y sanciones ejemplares para los responsables.
El país observa con atención este nuevo capítulo de corrupción estatal, que amenaza con minar aún más la credibilidad de las instituciones públicas.
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