El Ministerio Público ha solicitado penas de 25 y 15 años de prisión para los integrantes de una red de trata de personas, desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya. La solicitud fue presentada ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, acusando a los imputados de explotación sexual y tráfico ilícito de migrantes.
La titular de la PETT, Yoanna Bejaran Álvarez, junto a los fiscales Aleika Almonte, Ginna Matías, Noelia Tavera y Eduardo Velásquez, solicitaron 25 años de reclusión y una multa de 150 salarios mínimos para los principales acusados. Además, pidieron 15 años de prisión y una multa de 100 salarios mínimos para otros implicados.
Según la acusación, los imputados captaban, trasladaban y explotaban sexualmente a mujeres extranjeras, engañándolas con falsas promesas de empleo. También enfrentan cargos por asociación de malhechores y lavado de activos. El Ministerio Público asegura que la vinculación de los acusados ha quedado demostrada, ya que coordinaban sus acciones delictivas a través de grupos de WhatsApp y redes sociales.
