El Instituto Oncológico de la Región del Cibao enfrenta un escrutinio creciente por parte del Ministerio Público desde octubre de 2025, tras la clausura de una oficina dedicada a modificar indicaciones médicas para pacientes asegurados, principalmente del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La situación se agravó con el cambio abrupto en la directiva del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, entidad que supervisa el centro oncológico, en medio de un clima de tensiones y denuncias por presuntas irregularidades.
Una oficina bajo sospecha La clausura de la oficina en cuestión, que presuntamente alteraba las indicaciones médicas de los pacientes, ha generado preocupaciones sobre la transparencia y la calidad de la atención en el instituto. Las autoridades investigan si estas prácticas afectaron el tratamiento de pacientes con cáncer, muchos de ellos dependientes de SeNaSa, y si existieron conflictos de interés o manejo inadecuado de recursos.
Cambios en la directiva y reclamos El cambio en la directiva del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, realizado en medio del conflicto, ha intensificado las sospechas sobre posibles irregularidades administrativas. Pacientes y familiares han denunciado retrasos en tratamientos, falta de medicamentos y una aparente falta de claridad en los protocolos médicos, lo que ha llevado al Ministerio Público a profundizar las investigaciones.
Un llamado a la transparencia La comunidad médica y los pacientes exigen que las investigaciones sean exhaustivas y que se garanticen los derechos de quienes dependen del instituto para su tratamiento. El caso ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los controles en instituciones de salud pública, especialmente en áreas críticas como la oncología, donde la vida de los pacientes está en juego.
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