La Vega, 23 de marzo de 2025 – El abogado Dr. José A. Liriano Espinal, en representación de la familia de Juan de Mata Rodríguez, conocido como Tico, ha hecho una grave denuncia pública a través de una nota de prensa enviada al Periódico La Taza.
En la denuncia, se acusa a una red mafiosa conformada por varios individuos, incluyendo al suspendido coronel Abiu Aaron Zilberberg Cabral y al teniente Mejía, del Departamento de Investigación Criminal (DICRIM), de despojar ilegalmente de sus propiedades a numerosas familias en el municipio de Jarabacoa, en la provincia de La Vega.
Un escándalo de dimensiones preocupantes
Según la denuncia, este grupo de delincuentes, con la colaboración de la fiscal titular de Jarabacoa, Viviana Mena, y con el respaldo de agentes de la Policía Nacional en el municipio, ha orquestado un plan sistemático para despojar de sus tierras a legítimos propietarios sin ninguna orden judicial. Tras los despojos, fabrican expedientes judiciales falsos para apresar a las víctimas, mientras la fiscal se mantiene indiferente ante los hechos.
Dr. José A. Liriano, abogado de la familia afectada, solicitó la intervención urgente de autoridades nacionales clave, tales como la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, el Director General de la Policía Nacional, General Ramón Antonio Guzmán Peralta, y la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
Liriano instó a realizar una investigación profunda para frenar esta mafia que, según denuncian, ha despojado a muchas familias de sus tierras, afectando su integridad y derechos fundamentales.
La conexión con la construcción ilegal de una villa
Un aspecto aún más alarmante de la denuncia es que el suspendido coronel Abiu Aaron Zilberberg Cabral está presuntamente involucrado en la construcción de una villa en terrenos que pertenecen a los querellantes, lo que abre aún más sospechas sobre las irregularidades de este caso.
Los hechos en detalle
La querella presentada por Víctor Hernández Romero y Luis Miguel Hernández Sánchez, arrendatarios de la propiedad en Jarabacoa, describe una serie de actos violentos y abusivos perpetrados en febrero de 2025. Los acusados, acompañados por una turba, irrumpieron en la propiedad, rompiendo puertas y causando daños materiales. Además, golpearon y amenazaron de muerte a los arrendatarios y a su familia, incluidos menores de edad. Se menciona también el robo de motocicletas y caballos, con la complicidad de miembros de la Policía Nacional, quienes en lugar de proteger a las víctimas, colaboraron con los agresores en sus actos ilegales.
Incumplimiento de las leyes y violaciones a los derechos fundamentales
Los hechos relatados por el Dr. Liriano incluyen violaciones flagrantes a varias leyes dominicanas, como la Ley 5869 sobre violación de propiedad, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-2016 sobre armas y municiones. Además, se critica la actitud de la fiscalía de Jarabacoa, que desestimó la denuncia de los querellantes al solo escuchar a una de las partes involucradas, lo que deja en evidencia las serias irregularidades en el manejo de este caso.
Las consecuencias legales y las sanciones que se avecinan
De acuerdo con la Ley 5869, el ingreso sin permiso a una propiedad ajena es un delito penal grave que conlleva penas de prisión y multas. Además, el Código Penal establece sanciones severas para aquellos que participen en asociaciones para cometer crímenes contra la propiedad y la paz pública.
En este sentido, el Dr. Liriano ha solicitado que los responsables de estos abusos sean sancionados y que se les obligue a reparar los daños materiales y morales causados, por un monto estimado en diez millones de pesos (RD$10,000,000.00).
La necesidad de justicia
El Dr. Liriano concluyó su mensaje haciendo un llamado a la justicia, destacando la gravedad de la situación y la urgencia de una investigación profunda. Además, instó a las autoridades correspondientes a actuar sin demora para garantizar que las víctimas de estos abusos recuperen sus propiedades y se haga justicia.
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