El exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Chalas Guerrero, se declaró culpable ante la justicia de haber recibido dinero de bancas de apuestas ilegales a cambio de permitirles operar, como parte de un acuerdo con el Ministerio Público que incluye la devolución de RD$20 millones al Estado dominicano. Este caso, vinculado a la Operación Calamar, una de las investigaciones más grandes contra la corrupción administrativa en República Dominicana, ha revelado una red de recaudación ilegal que involucraba a altos funcionarios y empresarios del sector de los juegos de azar.
La confesión ante la justicia
Durante una audiencia celebrada en el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Chalas Guerrero, de 70 años, admitió haber recibido pagos irregulares de bancas de apuestas que operaban sin licencia legal. Como parte del acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el exfuncionario devuelve RD$17 millones en cheques y dos vehículos valorados en casi RD$3 millones, como reparación económica al Estado.
«Yo acepto que esos hechos pasaron y no me siento orgulloso», declaró Chalas Guerrero ante la jueza Altagracia Ramírez, pidiendo perdón a la sociedad dominicana por su participación en este esquema corrupto. Además, reveló que el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, tenía conocimiento de los cobros realizados a las bancas irregulares. Según su testimonio, en una ocasión propuso detener la estructura de recaudación ilegal, pero se le ordenó continuar con las operaciones.
La red de corrupción: ‘Operación Calamar’
Chalas Guerrero detalló que la red de recaudación ilegal estaba integrada por otros funcionarios y empresarios, entre ellos:
- Manuel Emilio Jiménez (Mimilo), vinculado a operaciones de apuestas ilegales.
- José Arturo Ureña, presunto intermediario en los pagos.
- Fernando Crisóstomo Herrera, otro funcionario implicado en el esquema.
Todos ellos están siendo investigados en el marco de la Operación Calamar, un caso que ha destapado una tela de corrupción en el sector de los juegos de azar, con conexiones en altos niveles del gobierno anterior.
El acuerdo con la PEPCA: Colaboración a cambio de inmunidad
La representante de la PEPCA, Mirna Ortiz, explicó que Chalas Guerrero colaboró de manera libre y voluntaria, aportando información valiosa que fortalece el expediente contra los demás acusados. Como parte del acuerdo, el exfuncionario no será perseguido penalmente, a cambio de su cooperación y la devolución de los fondos recibidos ilegalmente.
«Ha colaborado de manera libre y voluntaria, devolviendo los fondos recibidos como parte de la estructura criminal», declaró Ortiz, quien destacó que esta información es clave para desmantelar la red de corrupción que operaba en el sector de los casinos y juegos de azar.
El período de Chalas Guerrero al frente de Casinos
Chalas Guerrero dirigió la Dirección de Casinos y Juegos de Azar desde septiembre de 2016 hasta marzo de 2019, un período en el que, según las investigaciones, se habrían ejecutado los pagos irregulares ahora admitidos. Durante su gestión, se habría permitido que bancas de apuestas ilegales operaran sin regulación, a cambio de sobornos que beneficiaban a funcionarios y empresarios vinculados al sector.
El impacto social y político del caso
Este caso ha generado indignación en la sociedad dominicana, donde la corrupción en el sector de los juegos de azar ha sido un problema recurrente. La Operación Calamar ha puesto en evidencia cómo funcionarios públicos y empresarios coludieron para beneficiarse económicamente a costa del Estado y de la legalidad.
«Este es un caso más que demuestra la necesidad de transparencia en las instituciones públicas. No podemos permitir que la corrupción siga campando a sus anchas», declaró Carlos Méndez, analista político.
¿Qué sigue en la investigación?
Con la confesión de Chalas Guerrero y la devolución de los fondos, la PEPCA avanza en la investigación contra los demás implicados. Se espera que en las próximas semanas se presenten nuevas acusaciones contra los demás miembros de la red, incluyendo a Donald Guerrero, el exministro de Hacienda mencionado en el testimonio.
Mientras tanto, la sociedad dominicana exige justicia y que se apliquen sanciones ejemplares para quienes participaron en este esquema de corrupción. «No puede haber impunidad. Todos los involucrados deben responder por sus actos», afirmó Ana García, abogada especializada en derecho penal.
Un precedente para la lucha contra la corrupción
El acuerdo alcanzado con Chalas Guerrero sienta un precedente importante en la lucha contra la corrupción en República Dominicana. Demuestra que, mediante la colaboración con la justicia, es posible recuperar fondos robados y desmantelar redes criminales que operan dentro del Estado.
Sin embargo, también plantea preguntas sobre la equidad en el sistema judicial: ¿Es justo que un acusado reciba inmunidad a cambio de su colaboración, mientras otros enfrentan penas más severas? «La justicia debe ser equitativa. No puede ser que quienes colaboran queden impunes, mientras otros pagan con cárcel», señaló María Fernández, experta en derecho constitucional.
El futuro de la ‘Operación Calamar’
Con la confesión de Chalas Guerrero y la información proporcionada, la PEPCA tiene ahora más elementos para avanzar en la investigación. Se espera que en los próximos meses se presenten cargos formales contra los demás implicados, incluyendo a empresarios y funcionarios que formaban parte de esta red de corrupción.
Mientras tanto, la sociedad dominicana sigue atenta al desarrollo del caso, exigiendo que se haga justicia y que se tomen medidas para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.