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Santo Domingo, RD, 20 de febrero de 2025 – Octavio Domínguez, representante de un grupo de suplidores de alimentos para el desayuno y almuerzo escolar, denunció en exclusiva para El Periódico La TAZA que más de 1,000 pequeños y medianos oferentes han sido afectados por las licitaciones manipuladas en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), bajo la dirección de Víctor Castro. Domínguez, quien representa a estos suplidores, acusó al director del INABIE de llevar a la quiebra a miles de empresas mediante licitaciones amañadas que no cumplen con los requisitos de transparencia y legalidad.

La Quiebra de Miles de Oferentes y la Pérdida de Empleos.

Domínguez compartió que el impacto de estas irregularidades ha sido devastador para el sector. Coincidió con declaraciones dadas anteriormente por la Licda. Elizabeth Beriguete, este también confirmó la situación, de que más de 6,000 personas han perdido sus empleos debido a las malas decisiones tomadas por el INABIE. Además, señaló que las malas prácticas y la falta de un proceso justo han generado una amenaza continua en el suministro de alimentos en las escuelas públicas, poniendo en peligro la calidad del servicio que se ofrece a los estudiantes.

«Existen cientos de impugnaciones y denuncias legales relacionadas con la gestión del INABIE. Esto demuestra que no se están seleccionando oferentes que garanticen un servicio oportuno y de calidad», destacó Domínguez.

Llamado a la Destitución del Director de INABIE

Domínguez solicitó públicamente al presidente Luis Abinader que destituya al director ejecutivo de INABIE, Víctor Castro, argumentando que su gestión ha sido incapaz de manejar de manera efectiva el proceso de licitación y el suministro de alimentos escolares. Según Domínguez, las irregularidades en el proceso de licitación, junto con las malas evaluaciones técnicas, están afectando gravemente a los suplidores y, por ende, a los estudiantes.

Irregularidades en la Licitación y Adjudicación de Contratos

Domínguez narró su propia experiencia con el proceso de licitación, destacando que, a pesar de haber obtenido una puntuación alta en la evaluación de capacidad instalada (90.25), fue excluido del proceso debido a un error administrativo relacionado con la subida de documentos en el portal del INABIE. A pesar de presentar la póliza correcta en tiempo y forma, la falta de respuesta y la demora del INABIE impidieron que se resolviera su caso. Este tipo de errores y la falta de transparencia, según Domínguez, son comunes en el proceso de adjudicación de contratos.

La Corrupción y la Mafia en INABIE

El denunciante también alertó sobre la existencia de prácticas corruptas dentro del INABIE, mencionando que algunas personas pagaron hasta tres millones de pesos para obtener contratos con grandes cantidades de raciones. Además, indicó que había individuos sin la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos de licitación, pero que igualmente fueron adjudicados con contratos importantes.

Domínguez señaló al militar Osvaldo Liria como una de las personas involucradas en la asignación de raciones de manera irregular, vinculando estas prácticas a una red de corrupción dentro del INABIE.

«El director Víctor Castro está al tanto de estas irregularidades, pues hemos entregado pruebas sobre estas actividades ilegales, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna acción al respecto», agregó Domínguez, advirtiendo que la misma situación se está replicando en otras partes del país.

La denuncia de Octavio Domínguez pone en evidencia una serie de irregularidades y prácticas corruptas dentro del INABIE que están afectando a miles de pequeñas y medianas empresas, así como a los empleados que dependen de estos contratos para su sustento. La comunidad empresarial y la sociedad civil esperan que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y aseguren un proceso de licitación transparente, justo y eficiente que beneficie a todos los involucrados, especialmente a los estudiantes del país.

Esta situación demanda una acción inmediata para garantizar que los recursos destinados a la alimentación escolar lleguen de manera efectiva a los estudiantes y que el proceso de licitación sea revisado para evitar la repetición de estos problemas en el futuro.

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