El traslado de familias que han vivido durante décadas bajo el Puente Francisco del Rosario Sánchez (conocido como el Puente de la 17) en Santo Domingo avanza entre quejas, resistencia y acuerdos forzados. Aunque la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) asegura que el proceso es voluntario, muchos residentes denuncian que las compensaciones económicas son insuficientes para adquirir una vivienda digna en un mercado inmobiliario cada vez más caro.
Vidas bajo el puente: Décadas de precariedad y resistencia
Para familias como la de Juan Carlos, quien ha vivido 43 años bajo el puente, el traslado no es una opción, sino una imposición. Tras múltiples reclamos, aceptó los RD$750,000 que le ofreció URBE, pero con resignación: «Yo volví y volví. Remidieron y remidieron, hasta que yo les dije que me den lo que tienen que darme. ¡Quién puede con el Gobierno!», expresó. Sin embargo, ese monto no le alcanza para comprar una vivienda en condiciones decentes. «Llevo tiempo buscando casa, pero los precios están por las nubes. Tuve que pedir un préstamo de RD$50,000 para completar la compra de lo que me llaman una ‘mejora'», confesó.
Su hermana, Annerys Tavares, relató una situación similar: ella recibió RD$250,000 por una casa de madera que alquilaba, mientras que la propietaria obtuvo RD$70,000. «¿Cómo puedo comprar una casa con eso? Ahora tendré que alquilar, y con lo caro que está todo, no sé cómo vamos a salir adelante», se preguntó.
Promesas incumplidas y demoras en las compensaciones
Yissel Estrella Delgado Caraballo denunció que, aunque representantes de URBE le informaron en 2019 que sería trasladada, aún no ha recibido el dinero prometido. «Me dijeron que me darían una compensación, pero hasta ahora nada. ¿Cómo voy a moverme sin recursos?», cuestionó.
Otro caso es el de Bartolo Novas, quien firmó un acuerdo hace ocho años y recibió RD$600,000, aunque en su vivienda vivía otra persona que no recibió compensación alguna. «Firmé porque no tenía otra opción, pero el dinero no alcanza para nada. Ahora vivo en un lugar peor que antes», lamentó.
La resistencia de quienes se niegan a irse
Aún quedan varias familias que se resisten al traslado. Martínez Medina Ferreras, quien lleva más de 20 años viviendo en el lugar, aseguró que no aceptará el monto ofrecido porque no cubre el valor de su vivienda. «Yo no firmé. Lo que ellos me dan no vale mi casa», declaró mientras sus nietos jugaban a su alrededor y su esposa cocinaba. «Aquí nací, aquí crecí, aquí tengo mi vida. No me voy a ir por un dinero que no me alcanza ni para alquilar», añadió.
El proceso de traslado: Entre la supervisión y la demolición
Durante los traslados, representantes de URBE supervisan que el proceso cumpla con los protocolos establecidos. Luis Alcántara, supervisor de la entidad, explicó que los beneficiarios fueron notificados con antelación sobre la fecha de mudanza. «Hemos seguido un protocolo claro. Las familias son transportadas en minibuses con aire acondicionado y reciben servicio de mudanza incluido», detalló.
Sin embargo, los residentes denuncian que el proceso es forzoso. «Nos dicen que es un traslado voluntario, pero si no aceptamos, nos dejan en la calle. ¿Dónde está la voluntad ahí?», cuestionó una vecina que prefirió no identificarse.
El futuro del espacio: Demoliciones y planes inciertos
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) demuele las estructuras una vez que las familias son trasladadas. Wilton Fernández, ingeniero civil de la obra, informó que aún no se ha definido qué se construirá en el espacio liberado, pero que se colocarán vallas para evitar nuevas ocupaciones. «Para octubre está prevista la entrega del nuevo destacamento policial de la zona», añadió.
Mientras tanto, las familias que aún resisten observan con preocupación cómo sus vecinos son desalojados y sus hogares demolidos. «Nosotros no tenemos adónde ir. Si nos sacan, nos quedamos en la calle», advirtió Natalí, quien vivía con su esposo en una casa heredada de su madre. Su vivienda de dos habitaciones y un baño fue tasada en poco más de RD$300,000, un monto que considera irrisorio para el mercado actual.
Un debate sobre justicia social y vivienda digna
El caso del Puente de la 17 refleja un problema más amplio en República Dominicana: la falta de vivienda asequible y la gentrificación que desplaza a familias de bajos ingresos sin ofrecerles alternativas reales. «No es justo que nos saquen de nuestras casas sin darnos una solución digna. El Gobierno habla de desarrollo, pero ¿desarrollo para quién?», se preguntó Juan Carlos, mientras observaba cómo una excavadora derribaba lo que fue su hogar durante más de cuatro décadas.