En las calles de Santo Domingo, Dajabón y Santiago Rodríguez, hay un producto que se vende más que el pan: los cigarros Capital, la marca de contrabando que ha inundado el país. No es un producto cualquiera: es un símbolo de cómo la ilegalidad se ha instalado en la vida cotidiana de los dominicanos, con consecuencias devastadoras para la economía formal. Entre julio de 2024 y julio de 2025, el Estado perdió RD$252 millones en impuestos por el contrabando de cigarros, una cifra que equivale a lo que se necesita para construir cinco hospitales regionales o pagar el salario anual de 10,000 maestros. Pero el daño va más allá de lo económico: está corroyendo el tejido social y la salud pública del país.
El problema no es nuevo, pero ha alcanzado niveles alarmantes. Según informes de la Dirección General de Aduanas (DGA), en solo un año se incautaron 39.5 millones de cigarros ilegales, pero los expertos estiman que esto representa apenas el 30% del total que entra al país. La marca Capital, fabricada en Dubái, es la reina indiscutible del mercado negro: de cada 10 cigarros decomisados, 7 son Capital. En la segunda mitad de 2024, el Ejército incautó 7.2 millones de unidades de esta marca, y en los primeros siete meses de 2025, la cifra llegó a 5.8 millones. «Es un cáncer que está carcomiendo nuestra economía», advierte un funcionario de la DGA que prefirió no ser identificado. «No solo perdemos impuestos, sino que financiamos redes criminales transnacionales».
El contrabando no conoce fronteras ni métodos. Los cigarros entran por tierra, mar y hasta en falsos compartimentos de vehículos. En Santiago Rodríguez, el Ejército descubrió 78,000 cigarros ocultos bajo un falso piso en un camión. En San Juan de la Maguana, hallaron tres motocicletas cargadas con sacos repletos de cigarros. En Dajabón, un Toyota Corolla azul conducido por un médico transportaba 80,000 unidades. «Los métodos son cada vez más sofisticados», explica un oficial del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom). «Usan camiones con dobles fondos, chasises alterados, y hasta modifican los tanques de gasolina para esconder la mercancía».
Las rutas del contrabando son un mapa de la impunidad. Las cifras del Ejército (ERD) y el Ceccom muestran discrepancias alarmantes: mientras el ERD reporta 39.5 millones de cigarros incautados, el Ceccom habla de 42.5 millones. La diferencia de 3 millones de unidades refleja no solo distintos métodos de conteo, sino también la magnitud de un problema que parece incontrolable. Las zonas más afectadas son Dajabón y Valverde (con 7.9 millones de cigarros incautados) y Elías Piña y San Juan (3.5 millones). Pero el contrabando no se queda en la frontera: en San José de Ocoa, los cigarros Capital se venden abiertamente en colmados, parques y esquinas, como si fueran un producto legal. «El Capital se vende más que el Nacional», confiesa un vendedor. «La gente lo busca porque es barato: 5 pesos la unidad, 15 pesos dos, y 125 pesos la caja de 20».
El impacto en la economía legal es devastador. Las 20 marcas extranjeras que entran de contrabando (provenientes de China, India, Francia, Tailandia y otros países) compiten deslealmente con los productos nacionales, que pagan impuestos y cumplen con las regulaciones. «Es una estocada mortal al sector formal», advierte Víctor «Ito» Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes. «Por cada cajetilla de contrabando que se vende, dejamos de recaudar 50 pesos en impuestos. Multiplíquelo por millones de cajetillas, y verá el tamaño del desastre».
El gobierno ha lanzado campañas como «Si vendes cigarrillos ilegales puedes buscarte un lío feo», pero los resultados son limitados. La Ley 17-19 establece multas severas, cierre de negocios y hasta cinco años de prisión para quienes comercialicen productos ilícitos, pero la aplicación es irregular. «El problema no es la ley, es la impunidad», señala un fiscal. «Detenemos a un contrabandista hoy, y mañana está de vuelta en la calle». Mientras tanto, el contrabando sigue floreciendo, alimentado por una frontera porosa y una demanda que no disminuye. «Es un negocio que no tiene riesgo», admite un vendedor. «Si me decomisan la mercancía, pierdo solo lo invertido. Pero si pasa, gano el 300%».