Por: Félix Jiménez Campusano.
Santo Domingo, República Dominicana – 28 de abril de 2025 –
En un contexto donde la transparencia y la justicia son fundamentales, la Licda. Elizabeth Beriguet ha emitido un llamado preventivo y estratégico a los 405 suplidores contratados en el programa de almuerzo escolar, quienes han sido afectados por el sistema corrupto que supuestamente opera en el INABIE. Esta solicitud, aunque inicialmente voluntaria, representa una oportunidad importante para que los suplidores demuestren su buena fe y compromiso con la legalidad.
Beriguete ha instado a los suplidores a facilitar copias de las certificaciones de la evaluación, los oficios de los centros educativos y las raciones recibidas. Esta documentación es esencial para esclarecer las irregularidades denunciadas y evitar que los suplidores sean considerados cómplices en un posible expediente judicial que podría incluir cargos graves como violación a la ley de lavado de activos, corrupción administrativa, asociación de malhechores y delitos informáticos entre otras calificaciones penales.
Es importante destacar que el INABIE ha respondido con debilidad a estas denuncias, afirmando que el proceso de licitación fue exitoso y que se adjudicaron contratos a más de 1,591 proveedores, representando un incremento del 40% en la participación de mipymes en comparación con procesos anteriores. Sin embargo, los suplidores han señalado irregularidades, como la descalificación injusta de empresas calificadas y la asignación arbitraria de raciones, lo que ha afectado negativamente tanto a los estudiantes como a las pequeñas y medianas empresas involucradas en el programa.
podrían ser citados por el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DEPRECO) y enfrentarse a cargos penales como co-imputados por complicidad y ocultamiento de pruebas. Los delitos potenciales incluirían violación a la Ley de Lavado de Activos, corrupción administrativa, asociación de malhechores y delitos informáticos, entre otras calificaciones tipificadas en el Código Penal dominicano.
La diferencia de percepciones entre los actores involucrados es crítica.
La Licda. Beriguet ha dejado claro que ve a los suplidores como víctimas del sistema, personas de buena fe afectadas por un entramado corrupto. Su intención es ofrecerles una salida digna, cooperativa y a tiempo. En cambio, la Procuraduría General de la República, al no recibir colaboración ni documentación voluntaria, podría interpretar su silencio como una negativa a transparentar el proceso, asumiendo que los suplidores ocultan evidencias importantes. Bajo esa óptica, podrían ser tratados como cómplices activos del fraude.
La historia dominicana reciente ha demostrado que, una vez los expedientes judiciales están en marcha, es muy difícil revertir la percepción del Ministerio Público y evitar medidas de coerción, fichas judiciales, cancelación del RNC, y del estatus como proveedor del Estado y la imposibilidad de contratar nuevamente con el gobierno. Incluso aquellos que colaboran en calidad de testigos podrían enfrentar sanciones menores y quedar marcados legal y públicamente.
Por ello, la Licda. Beriguete, aunque con tono diplomático, advierte lo que no todos se atreven a decir con claridad: este es el momento de actuar con inteligencia. Esperar una citación judicial sería permitir que se interprete la buena fe como encubrimiento. En cambio, adelantarse y entregar las certificaciones es una forma de demostrar que no se es parte del problema, sino una víctima del mismo.
La transparencia no solo beneficia a la justicia, sino también a la reputación de las mipymes y suplidores que dependen de sus contratos con el Estado para sobrevivir. La falta de acción podría dejar el terreno abierto a grandes corporaciones que eventualmente dominarían el mercado sin competencia justa.
Este no es simplemente un proceso administrativo. Es un momento definitorio donde se separarán los actores de buena fe de los que el sistema judicial identificará como parte del fraude. Y en esa diferencia, está en juego no solo la libertad, sino también la continuidad empresarial y el acceso a futuras contrataciones públicas.
Pensar a tiempo es ganancia. No hacerlo, puede ser una pérdida irreversible.
La situación actual plantea un dilema para los suplidores:
colaborar con las autoridades para demostrar su inocencia y compromiso con la transparencia, o arriesgarse a ser incluidos en un expediente judicial que podría tener consecuencias legales y económicas graves. El llamado de la Licda. Beriguet ofrece una vía para que los suplidores se posicionen como víctimas de un sistema corrupto, en lugar de ser considerados cómplices.
Es esencial que los suplidores afectados actúen con prudencia e inteligencia.
La cooperación con las autoridades no solo puede ayudar a esclarecer los hechos, sino también a proteger su reputación y evitar consecuencias legales desfavorables. La transparencia y la legalidad deben ser los pilares sobre los cuales se construya la confianza en los programas públicos, especialmente aquellos que afectan directamente a la educación y el bienestar de nuestros niños.
El llamado de la Licda. Elizabeth Beriguet no debe ser visto como una advertencia, sino como una oportunidad para rectificar, colaborar con la justicia y garantizar que el programa de almuerzo escolar cumpla con su objetivo de proporcionar una alimentación adecuada y saludable a los estudiantes, sin ser víctima de prácticas corruptas que perjudiquen a las mipymes y a la sociedad en general.
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