Editorial de El Periódico La Taza

El rol del Ministerio Público en los desaciertos de la Policía Nacional:

Un llamado a la acción urgente

En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia en la República Dominicana, surge una pregunta clave:

¿Hasta qué punto los fiscales son responsables de los desaciertos cometidos por agentes de la Policía Nacional?

Si bien los agentes policiales tienen una responsabilidad directa en la correcta ejecución de sus funciones, no podemos obviar el papel de los fiscales que, en ocasiones, parecen hacer la vista gorda ante los actos de abuso de poder, corrupción y soborno que afectan gravemente a los ciudadanos.

Es innegable que, en algunos casos, los fiscales no solo fallan al no actuar, sino que, de manera activa, se convierten en cómplices de la impunidad, permitiendo que se cometan injusticias. Se han documentado casos donde, por sumas de dinero y bajo la influencia de la corrupción, ciertos fiscales se prestan para ocultar pruebas cruciales, manipular casos judiciales e incluso falsificar pruebas. Todo esto con el único propósito de beneficiar a personas culpables o perjudicar a inocentes.

Uno de los ejemplos más recientes de esta lamentable situación involucra al suspendido coronel Abiu Aaron Zilberberg Cabral y al teniente Mejía de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) en el municipio de Jarabacoa. Ambos oficiales, lejos de servir al pueblo y cumplir con su deber, forman parte de una red de delincuentes que se dedica a despojar de tierras a los propietarios de la zona, específicamente en Las Canas y Los Corocito. La gravedad del caso se intensifica con la denuncia de los abogados José A. Liriano Espinal y Raúl Hamburgo Mena, quienes afirman que la fiscal titular de la zona, Viviana Mena, ha permitido y encubierto estos delitos, favoreciendo a los delincuentes y permitiendo que las víctimas sean despojadas de sus tierras de forma arbitraria y violenta.

La comunidad de Jarabacoa, así como diversas organizaciones, incluyendo al sacerdote Rogelio Cruz, han denunciado incansablemente la corrupción dentro de la fiscalía de esta región.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República aún no ha tomado medidas contundentes frente a estas denuncias, lo que genera un ambiente de impunidad que agrava aún más la crisis de confianza entre la ciudadanía y las instituciones.

El caso mencionado revela una alarmante falta de supervisión y control dentro del sistema judicial y policial, lo que pone en peligro tanto los derechos humanos como la seguridad de todos los ciudadanos, dominicanos y extranjeros por igual.

Es evidente que mientras la Policía Nacional investiga y sanciona a sus miembros que incurren en faltas, los fiscales parecen gozar de una protección que no tienen otros funcionarios del Estado.

Esta disparidad de trato entre los agentes de la Policía Nacional y los fiscales no solo es una muestra de la ineficiencia del sistema, sino también una clara manifestación de cómo la corrupción se ha infiltrado en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

Es por esto que desde El Periódico La Taza nos unimos al llamado realizado por nuestro director, Félix Jiménez Campusano, en el que exhorta a todos los fiscales y procuradores del país a dar un paso al costado y renunciar a sus cargos, hasta que se logre erradicar la corrupción que afecta gravemente el ejercicio de la justicia.

La situación actual demanda una respuesta firme y clara por parte del gobierno, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial, que deben tomar medidas drásticas para garantizar que los responsables de estos abusos sean sancionados de manera ejemplar.

Solo con una acción decidida, que recupere la confianza de la ciudadanía, podremos empezar a superar la grave crisis de corrupción que está afectando las instituciones del país.

Este es un llamado urgente a la reflexión, la transparencia y la acción para salvar el sistema judicial y devolver la paz y seguridad a nuestra gente.