El exsargento mayor de la Fuerza Aérea, conocido como «La Bala», fue detenido en El Seibo tras difundir un video en redes sociales donde amenazaba directamente al presidente Luis Abinader con un arma de alto calibre. El caso activó los protocolos de seguridad presidencial y desató una investigación que busca determinar si el hombre actuó solo o si existe una red más amplia detrás de las amenazas.
El video, que se viralizó rápidamente, mostró a Mercedes Rodríguez exhibiendo un fusil AK-47 y advirtiendo al presidente sobre «consecuencias» si no atendía sus demandas. Las autoridades actuaron con rapidez: en menos de cuatro horas, Rodríguez fue localizado y detenido en una operación conjunta entre la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Durante el allanamiento, se incautaron un fusil AK-47, dos pistolas y más de 200 municiones.
Lo más preocupante del caso es que Rodríguez, un exmilitar dado de baja en 2020 por conducta inapropiada, mencionó en el video que un «oficial de alto rango» le había proporcionado el arma. Esto ha llevado a las autoridades a investigar si hay cómplices dentro de las fuerzas armadas o si el hombre actuó por cuenta propia. Mientras tanto, el presidente Abinader recibió protección adicional, y se reforzaron los protocolos de seguridad en sus desplazamientos.
El perfil de Rodríguez arroja luces sobre posibles motivaciones. Según vecinos y registros militares, el exsargento había mostrado un comportamiento errático en los últimos meses, hablando de conspiraciones y descontento con el gobierno. Además, su historial incluye sanciones por desacato y uso indebido de armas institucionales, lo que refuerza la teoría de que podría tratarse de un individuo con problemas psicológicos. Sin embargo, las autoridades no descartan que pueda estar vinculado a una red más grande, especialmente porque el arma incautada tenía la serie limada, lo que sugiere que pudo haber sido robada o vendida ilegalmente por algún miembro activo de las fuerzas armadas.
Este caso no es aislado. En los últimos años, ha habido un aumento en las amenazas contra figuras públicas en República Dominicana, muchas de ellas provenientes de exmilitares o personas con acceso a armas. El gobierno ha respondido reforzando los protocolos de seguridad, pero el incidente con Rodríguez ha puesto en evidencia las vulnerabilidades en el control de armamento dentro de las instituciones castrenses.
Mientras la investigación avanza, las preguntas clave siguen sin respuesta: ¿Hubo cómplices dentro de la Fuerza Aérea? ¿Existe una red más amplia detrás de Rodríguez? Y, sobre todo, ¿qué medidas adicionales tomará el gobierno para garantizar la seguridad del presidente y evitar que casos como este se repitan? Lo cierto es que este episodio ha dejado al descubierto los riesgos que enfrenta la estabilidad democrática cuando exmilitares con acceso a armas deciden actuar fuera de la ley.
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