Organizaciones cívicas alertan sobre violación a derechos humanos y riesgos para la salud infantil
Una medida sin sustento legal Organizaciones de derechos humanos en República Dominicana denunciaron públicamente que el Ministerio de Salud Pública ha ordenado a los hospitales del país negar vacunas a los hijos de madres haitianas indocumentadas, una práctica que califican como una violación flagrante a los derechos humanos y a acuerdos internacionales ratificados por el Estado dominicano. La denuncia fue realizada por la Red de Encuentro Dominicano-Haitiano Jacques Viau, Mosctha, Fundación Zile y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), quienes aseguran que esta decisión carece de respaldo legal y pone en riesgo la vida de niños inocentes.
Riesgo para recién nacidos y niños Según las organizaciones, la negativa a vacunar afecta especialmente a recién nacidos, quienes quedan expuestos a enfermedades prevenibles como el sarampión, la polio o la difteria, e incluso a muertes evitables. “Ninguna razón justifica negar vacunas a criaturas por motivos raciales, migratorios o de prejuicio”, señalaron, recordando que estos niños tienen derecho a la salud sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Violación de acuerdos internacionales Los grupos cívicos recordaron que República Dominicana ha firmado tratados con las Naciones Unidas que garantizan el derecho a la salud, incluso para personas en situación migratoria irregular. Estos acuerdos tienen rango constitucional en el país, por lo que la medida no solo es inmoral, sino también ilegal. Además, advirtieron que esta práctica contradice el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), que busca proteger a toda la población, sin distinciones.
Un llamado urgente a las autoridades Las organizaciones exigieron al Ministerio de Salud Pública y al gobierno dominicano revertir de inmediato esta disposición, argumentando que la salud pública no puede estar sujeta a discriminación. “La vacunación es un derecho humano básico y un deber del Estado”, enfatizaron, instando a las autoridades a garantizar el acceso universal a las vacunas, tal como establece la Constitución y los convenios internacionales.
Contexto de tensión migratoria La denuncia surge en un momento de creciente tensión entre República Dominicana y Haití, marcado por deportaciones masivas y debates sobre la regularización migratoria. Sin embargo, los activistas insistieron en que la salud de los niños no debe ser usada como herramienta política. “Proteger a los más vulnerables es una obligación ética y legal”, concluyeron.
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