El amanecer del viernes 3 de octubre de 2025 en Mamá Tingó, un distrito municipal de Monte Plata, se rompió con el sonido de botas militares y órdenes en español que pocos entendían. Antes de que el sol iluminara los campos de plátano y las calles polvorientas, 30 ciudadanos haitianos —la mayoría jóvenes entre 20 y 40 años— fueron despertados por agentes de la Dirección General de Migración (DGM) y la Policía Nacional, en lo que las autoridades describieron como un «operativo rutinario de control migratorio», pero que para los detenidos marcó el inicio de un proceso incierto: deportación, regularización o días de incertidumbre en centros de retención.
Mamá Tingó no es un lugar cualquiera. Ubicada a menos de 100 kilómetros de la frontera con Haití, esta comunidad se ha convertido en un punto de tránsito y asentamiento para miles de migrantes que buscan escapar de la crisis haitiana. Según datos de la DGM, solo en 2024 se registraron más de 150,000 haitianos en situación irregular en República Dominicana, muchos de ellos en provincias como Monte Plata, San Cristóbal y Azua. Este operativo, sin embargo, destaca por su precisión quirúrgica: tres horas de redadas, sin incidentes reportados, pero con un mensaje claro: el Estado dominicano no bajará la guardia en el control migratorio.
Desarrollo (4 párrafos):
El operativo: hora por hora A las 5:00 a.m., cuando la mayoría de los habitantes de Mamá Tingó aún dormían, los agentes comenzaron a acordonar zonas clave: mercados informales, viviendas precarias en las afueras del distrito y puntos de encuentro donde los migrantes suelen buscar trabajo diario. Testigos relataron que los detenidos fueron separados por grupos según su documentación: aquellos con algún papel (aunque vencido) fueron llevados a un lado; los que no tenían nada, directamente a los vehículos de la DGM.
Para las 6:30 a.m., el operativo ya había cubierto los principales focos: la plaza central, donde haitianos ofrecen sus servicios como jornaleros; las cercanías de la carretera que conecta con Sabana Grande de Boyá; y un galpón abandonado donde, según versiones extraoficiales, pernoctaban al menos 15 de los detenidos. Los agentes actuaron con listas previas, lo que sugiere que el operativo no fue aleatorio, sino basado en inteligencia migratoria recopilada en semanas anteriores.
¿Por qué Mamá Tingó? Monte Plata es una provincia estratégica. Su ubicación geográfica la convierte en un corredor natural para migrantes que evitan las rutas más vigiladas de Dajabón o Elías Piña. Además, su economía depende en gran medida de la agricultura y la construcción, sectores que emplean mano de obra haitiana en condiciones precarias. Según un informe de la OIT (2023), al menos el 60% de los trabajadores agrícolas en esta zona son extranjeros indocumentados, muchos de ellos en situaciones de explotación laboral.
El operativo del 3 de octubre no es el primero en la zona. En agosto de 2024, la DGM realizó una redada similar en Sabana Grande de Boyá, donde detuvieron a 45 haitianos. La diferencia esta vez es el contexto político: en los últimos meses, el gobierno dominicano ha endurecido su discurso migratorio, presionado por sectores que exigen mayor control ante el aumento de la delincuencia y la competencia por empleos informales.
Contexto histórico y legal (2 párrafos):
La relación entre República Dominicana y Haití en materia migratoria es compleja y tensionada. Desde la masacre del Perejil en 1937 —donde miles de haitianos fueron asesinados por órdenes del dictador Trujillo— hasta los controversiales fallos del Tribunal Constitucional en 2013 que despojaron de la nacionalidad a dominicanos de ascendencia haitiana, la migración ha sido un tema políticamente explosivo. La Ley 285-04 de Migración, vigente desde 2004, establece que los extranjeros en situación irregular pueden ser deportados en un plazo de 72 horas, aunque en la práctica los procesos suelen extenderse por semanas.
En 2023, el gobierno dominicano lanzó el Plan de Regularización de Extranjeros, que permitió a más de 240,000 haitianos obtener documentos temporales. Sin embargo, el programa excluyó a miles que no pudieron pagar los requisitos o demostrar empleo formal. Esto ha generado un limbo legal: migrantes que no son deportados, pero tampoco regularizados, y que viven bajo la amenaza constante de operativos como el de Mamá Tingó.
Cierre reflexivo (1 párrafo):
El operativo del 3 de octubre deja más preguntas que respuestas: ¿Es posible controlar la migración irregular sin afectar los derechos humanos? ¿Puede República Dominicana equilibrar su seguridad nacional con la necesidad de mano de obra barata que sustenta sectores clave de su economía? Mientras los 30 haitianos detenidos esperan su destino en centros de retención, en Mamá Tingó la vida sigue: los campos necesitan ser trabajados, las construcciones avanzan y la frontera sigue siendo porosa. La única certeza es que, sin soluciones estructurales, operativos como este se repetirán, con el mismo guión: madrugadas rotas, familias separadas y una comunidad que mira hacia otro lado.
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