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Santo Domingo, República Dominicana, 1 de mayo de 2025

Una investigación exhaustiva realizada por varios medios investigativos, han descubierto un entramado de corrupción sin precedentes que opera en el corazón del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), poniendo en riesgo la alimentación de cientos de miles de estudiantes en todo el país mientras desvía fondos públicos por cantidades millonarias.

El cerebro de la operación: Un director y su brazo ejecutor

Documentos confidenciales y testimonios revelados en exclusiva a este medio demuestran cómo el actual director del INABIE, Víctor Castro, y su círculo íntimo han diseñado un sistema perverso que manipula las licitaciones públicas y favorece a empresas vinculadas, desviando recursos destinados a la alimentación de los niños más vulnerables del país.

Osvaldo Liria Pimentel, militar y alta figura dentro de la institución, ha sido identificado como el brazo ejecutor de esta red, presionando al personal y cancelando empleados que se oponen a sus prácticas corruptas. Múltiples fuentes confirmaron que Liria mantiene relaciones sentimentales con suplidoras beneficiadas con millonarios contratos, incluida una de Bonao con quien también habría realizado negocios de finca, comprometiendo gravemente la integridad del proceso de adjudicación.

«Castro y Liria han convertido el INABIE en su feudo personal, donde las decisiones no se toman en función del bienestar de los estudiantes, sino de intereses económicos personales», declaró una fuente de alto nivel que solicitó anonimato por temor a represalias.

El esquema millonario: Empresas interconectadas y contratos amañados

Nuestra investigación reveló que varias empresas interconectadas entre sí —a través de direcciones comunes, vínculos familiares y hasta fotografías idénticas de talleres presentadas en sus ofertas— han logrado adjudicarse numerosos contratos del INABIE por montos millonarios solo para provisión de uniformes, calzado y mochilas.

Lo más escandaloso es que algunas de estas empresas ya habían sido señaladas previamente por el propio INABIE por prácticas anticompetitivas, pero sorpresivamente fueron beneficiadas de nuevo, evidenciando la profundidad de la corrupción institucional.

Esta red corrupta no solo controla los contratos de uniformes, sino también el lucrativo negocio del almuerzo escolar. El programa también ha sido infiltrado por figuras del medio artístico y político, como el «compadre» Chedy García, quien estaría beneficiado con una cocina en Santo Domingo y acceso privilegiado a las oficinas del director, donde se le ha visto negociar contratos fuera del horario regular.

Las pruebas incontestables y los sobornos millonarios

Octavio Domínguez, representante de un grupo de suplidores afectados, denunció que personas sin la infraestructura necesaria pagaron hasta tres millones de pesos para obtener contratos con grandes cantidades de raciones. «Todo ocurre ante los ojos del director Víctor Castro, quien ha recibido las pruebas pero se niega a actuar», afirmó.

La estructura corrupta incluye a figuras clave como Víctor Luis Santiago (Operaciones), Castalia Caraballo (Seguimiento) y Cristina Méndez (Compras), quienes facilitan las adjudicaciones irregulares. También se menciona a figuras influyentes como Jessica Jiménez, Anny Casado (conocida internamente como «la número uno»), y Rosanna Alberto, nueva directora jurídica tras la renuncia de Danyela Ramírez.

El impacto devastador: miles de empresas quebradas y niños sin alimentos adecuados

El costo humano de esta corrupción es incalculable. Más de 1,000 pequeños y medianos oferentes han sido afectados por las licitaciones manipuladas, llevando a la quiebra a empresas legítimas y provocando la pérdida de más de 6,000 empleos directos.

Mientras tanto, en centros educativos como el Centro Educativo Casa de Estudio Padre Abel Aranda en San Francisco de Macorís, los estudiantes reciben alimentos que, según denuncias formales, «no son aptos para el consumo humano» y cuya «apariencia y consistencia recuerdan más a comida destinada para animales».

En Enriquillo, los estudiantes del Centro Educativo Ismael Miranda llevan más de un mes sin recibir almuerzo ni desayuno escolar, y cuando los padres protestaron frente al Distrito Escolar 01-02, fueron reprimidos por agentes policiales. En Los Blancos, los niños reciben clases bajo un árbol, protegidos apenas por una lona deteriorada, esperando desde hace cinco años que terminen su escuela.

La operación de encubrimiento y la red de silencio

Ante el creciente escándalo, fuentes internas revelan que el INABIE ha iniciado una desesperada maniobra para borrar evidencias. Se ha ordenado un cambio masivo de equipos informáticos, incluyendo computadoras y servidores en las oficinas administrativas, con el objetivo de eliminar registros comprometedores.

Simultáneamente, numerosos empleados han sido reubicados o despedidos, particularmente aquellos vinculados al despacho de Castro, el departamento jurídico y el área financiera, como parte de la estrategia para eliminar testigos potenciales.

La licenciada Elizabeth Beriguete, quien ha liderado las denuncias contra esta red criminal, ha sido amenazada y emplazada por Osvaldo Liria mediante un acto de alguacil para que se retracte de sus acusaciones. Ante esto, Beriguete ha responsabilizado directamente a Castro y Liria de cualquier agresión física que puedan sufrir ella o su equipo.

«Estoy lista para la demanda anunciada, pero también preparada para presentar mi contrademanda, con las pruebas que desnudan el sistema de corrupción enquistado en el INABIE», declaró valientemente Beriguete a este medio.

El llamado urgente al Presidente y las autoridades

La magnitud del escándalo exige una intervención inmediata del más alto nivel. El expediente completo ya ha sido entregado a la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Ética Gubernamental, la Contraloría General y el Defensor del Pueblo.

Beriguete y otros activistas hacen un llamado urgente al presidente Luis Abinader para que destituya inmediatamente a Víctor Castro y ordene una investigación exhaustiva que garantice justicia para los suplidores afectados y, sobre todo, para los miles de estudiantes que han sido privados de una alimentación digna.

La advertencia a los suplidores involucrados

En un giro inesperado, Elizabeth Beriguete ha emitido una advertencia estratégica a los 405 suplidores contratados actualmente: facilitar voluntariamente las copias de certificaciones de evaluación, oficios de centros educativos y raciones recibidas para esclarecer las irregularidades y evitar ser considerados cómplices.

«Este es el momento de actuar con inteligencia. Esperar una citación judicial sería permitir que se interprete la buena fe como encubrimiento. Los suplidores deben demostrar que son víctimas, no cómplices», advirtió la licenciada Beriguete.

Los suplidores que no colaboren podrían enfrentar cargos por violación a la ley de lavado de activos, corrupción administrativa, asociación de malhechores y delitos informáticos, entre otras calificaciones tipificadas en el Código Penal dominicano.


Este caso representa el mayor escándalo de corrupción que ha afectado al sistema educativo dominicano en años recientes. El Periódico La Taza continuará la investigación suministrada por colaboradores para asegurar que la verdad sea revelada y que los responsables enfrenten la justicia.

CONTACTO DE PRENSA:
Correo Electrónico: info@periodicolataza.com
Sitio Web: www.latazaperiodico.com
Teléfono: 829-954-8323


Esta noticia ha sido elaborada a partir de una investigación exhaustiva y testimonios verificados de múltiples fuentes. El Periódico La Taza se mantiene firme en su compromiso con la verdad y la denuncia de la corrupción.

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