miércoles 10 de diciembre de 2025 14:33 pm
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1. Un desfalco histórico: 15,000 millones de pesos y un sistema de salud en crisis

El caso Senasa ha sido calificado por Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), como «el más siniestro y cruel» en la historia reciente de República Dominicana. Según las investigaciones preliminares, el desfalco asciende a 15,000 millones de pesos, aunque esta cifra podría aumentar a medida que avanza la investigación. Este caso no solo representa un robo masivo de fondos públicos, sino también un ataque directo a la salud de más de 8 millones de dominicanos que dependen del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Camacho describió el caso como una «estructura criminal» capaz de «arrebatarle la medicina a los enfermos, sobre todo a los más pobres», lo que lo convierte en un crimen contra la humanidad. La magnitud del fraude ha dejado al descubierto una red de corrupción que involucra a altos funcionarios, empresarios y profesionales de la salud, todos ellos acusados de desviar recursos destinados a medicamentos, tratamientos y servicios médicos esenciales.


2. Los implicados: Una red de corrupción con nombres y apellidos

Hasta el momento, 10 personas han sido imputadas en el caso, aunque este número podría aumentar conforme avanza la investigación. Entre los principales acusados se encuentran:

  • Santiago Hazim Albainy, exdirector de Senasa y considerado el cerebro del esquema de corrupción.
  • Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare, acusado de facturar servicios fantasmas al Senasa.
  • Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa, detenido por su presunta participación en el desvío de fondos.
  • Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo, todos ellos vinculados a sobornos, estafa al Estado, falsificación de documentos y lavado de activos.

El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Santiago Hazim, quien fue el máximo responsable de Senasa durante el período en que se cometieron los presuntos delitos.


3. Los cargos: Delitos que van desde el soborno hasta el lavado de activos

Los acusados enfrentan una lista de cargos graves, que incluyen:

  • Coalición de funcionarios: Acuerdo entre servidores públicos para cometer delitos.
  • Prevaricación: Uso indebido del cargo público para beneficio personal.
  • Asociación de malhechores: Organización para cometer delitos de manera sistemática.
  • Cobro de sobornos: Recepción de pagos ilegales a cambio de favores.
  • Estafa contra el Estado dominicano: Desvío de fondos públicos.
  • Desfalco: Apropiación indebida de recursos del Senasa.
  • Falsificación y uso de documentos falsos: Creación de facturas y contratos fraudulentos.
  • Lavado de activos: Ocultamiento del origen ilícito de los fondos desviados.

Mirna Ortiz, titular de la PEPCA, describió este caso como «el más grave que ha presentado el órgano en materia de corrupción», destacando que los implicados utilizaron su posición de poder para enriquecerse a costa de la salud de la población más vulnerable.


4. El modus operandi: Cómo se desfalcó el Senasa

Según las investigaciones, el esquema de corrupción funcionaba de la siguiente manera:

  1. Facturación de servicios fantasmas: Empresas vinculadas a los acusados, como Mycare, facturaban al Senasa por servicios médicos que nunca se prestaron.
  2. Sobrevaloración de contratos: Se inflaban los precios de medicamentos, equipos y servicios, generando ganancias ilegales para los implicados.
  3. Pagos a funcionarios: Sobornos a empleados de Senasa para aprobar contratos y pagos irregulares.
  4. Lavado de dinero: Los fondos desviados se invertían en bienes raíces, vehículos de lujo y cuentas en el extranjero para ocultar su origen ilícito.

Un ejemplo claro es el caso de Mycare, empresa fundada por Rafael Luis Martínez Hazim, que supuestamente facturó millones de pesos por servicios de telemedicina que nunca se realizaron. Estos fondos fueron luego transferidos a cuentas personales y utilizados para comprar propiedades y vehículos.


5. El impacto en el sistema de salud: Medicamentos y tratamientos negados a los más pobres

El desfalco al Senasa ha tenido consecuencias devastadoras para el sistema de salud dominicano:

  • Falta de medicamentos esenciales: Pacientes con cáncer, diabetes e hipertensión se han visto afectados por la escasez de tratamientos.
  • Retrasos en cirugías y tratamientos: Hospitales públicos han tenido que suspender procedimientos por falta de insumos.
  • Aumento de la mortalidad: La falta de acceso a medicamentos ha llevado a un incremento en las muertes evitables, especialmente en zonas rurales.

Wilson Camacho enfatizó que este caso es «un ataque a la vida misma», ya que priva a los más necesitados de su derecho a la salud.


6. La investigación: Un proceso complejo y en desarrollo

El caso está en fase de investigación, y se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre:

  • La cantidad exacta de dinero desfalcado (que podría superar los 15,000 millones de pesos).
  • El número total de implicados, que podría incluir a más funcionarios y empresarios.
  • El paradero de los fondos desviados, algunos de los cuales podrían estar en paraísos fiscales o invertidos en bienes bajo nombres falsos.

La audiencia preliminar contra Santiago Hazim y los demás acusados fue aplazada para el 11 de diciembre, donde se definirá si se les concede prisión preventiva.


7. Reacciones sociales: Indignación y demanda de justicia

El caso ha generado una ola de indignación en República Dominicana, donde ciudadanos y organizaciones exigen justicia y transparencia. Algunos de los comentarios más recurrentes en redes sociales incluyen:

  • «¡Que devuelvan el dinero robado a los enfermos!»
  • «Este es el caso de corrupción más descarado que hemos visto.»
  • «Los responsables deben pagar con todo el peso de la ley.»

Organizaciones de derechos humanos han pedido que se investigue a fondo no solo a los acusados, sino también a los funcionarios que permitieron que este esquema operara durante años sin ser detectado.


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