Una presunta violación a los derechos fundamentales
El abogado Jaime Terrero, defensor de Francisco Iván Minaya —uno de los imputados en el caso Senasa— denunció que su representado y otros seis acusados fueron trasladados ilegalmente a la cárcel de Las Parras, en lugar de ser recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (San Cristóbal), como lo estableció la Resolución 0668-2025-SMDC-02421, emitida por el juez Rigoberto Sena el 14 de diciembre de 2025. Según Terrero, este acto constituye una «violación flagrante a la decisión judicial» y un «abuso de autoridad» por parte de las autoridades penitenciarias.
Detalles del traslado controvertido
- Imputados afectados: Santiago Hazim (exdirector de Senasa), Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera, Ramón Alan Speakler Mateo y Francisco Iván Minaya Pérez.
- Orden judicial incumplida: El juez Sena dispuso que los imputados cumplieran su prisión preventiva de 18 meses en Najayo Hombres, pero fueron enviados a Las Parras la noche del 15 de diciembre, sin explicación oficial.
- Justificación de las autoridades: El director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, alegó que Najayo Hombres está «lleno», aunque no presentó pruebas documentales que respalden esta afirmación.
Reacciones y acciones legales Terrero anunció que interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para garantizar el cumplimiento de la orden judicial. «Hacemos responsable a las autoridades de cualquier consecuencia que pueda sufrir mi representado por esta decisión unilateral», advirtió el abogado, quien calificó el traslado como un «desacato a la justicia».
Contexto del caso Senasa El caso Senasa involucra un presunto desfalco de más de RD$15,900 millones al Seguro Nacional de Salud (Senasa), mediante un esquema de corrupción administrativa, manipulación de procesos y falsificación de documentos. Los imputados enfrentan cargos por colusión, fraude, malversación de fondos y lavado de activos. La investigación, liderada por el Ministerio Público, ha sido descrita como «la operación de corrupción más grave presentada hasta la fecha» en República Dominicana.
¿Qué dice la ley? Según el Código Procesal Penal dominicano, el incumplimiento de una orden judicial puede configurar desacato y abuso de autoridad, con posibles sanciones para los responsables. Terrero exigió una explicación pública sobre los motivos del traslado y advirtió que no descartan acciones legales adicionales si no se rectifica la situación.
Próximos pasos
- Recurso de amparo: Para exigir el cumplimiento de la resolución judicial.
- Investigación interna: Sobre las razones del traslado y los responsables.
- Presión pública: Para que se respeten los derechos de los imputados.
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