Un fallo histórico sacudió este domingo al sistema judicial dominicano: el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, decretó 18 meses de prisión preventiva para Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros seis implicados en un esquema de corrupción que desfalcó más de 15,000 millones de pesos a la institución pública. La decisión, anunciada tras horas de deliberación, marca un hito en la lucha contra la impunidad en el país.
¿Quiénes son los condenados a prisión? Además de Hazim, la medida cautelar afecta a:
- Rafael Luis Martínez Hazim
- Gustavo Enrique Messina Cruz
- Germán Rafael Robles Quiñones
- Francisco Iván Minaya Pérez
- Ramón Alan Speakler Mateo
- Ada Ledesma Ubiera
Todos deberán cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, mientras que otros tres implicados —Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo— recibieron arresto domiciliario y prohibición de salida del país, tras una solicitud del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Los cargos: una red de delitos complejos Los imputados enfrentan acusaciones por:
- Coalición de funcionarios
- Prevaricación y asociación de malhechores
- Cobro de sobornos y estafa al Estado
- Desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos
El contexto del caso El pasado 6 de diciembre, Hazim fue detenido tras presentarse voluntariamente a la Procuraduría General de la República. En solo 48 horas, se revelaron los nombres de los 10 integrantes de la presunta red, que operó durante cuatro años manipulando procesos administrativos y desviando fondos públicos. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ratificó que las investigaciones continúan abiertas, por lo que se esperan más imputados en las próximas semanas.
Reacciones y controversias Mientras los fiscales celebraron el fallo como un avance en la lucha anticorrupción, la defensa de Hazim denunció que la decisión respondió a «presión social» y advirtió sobre el riesgo para la salud del exfuncionario, quien alegó padecer una condición médica no acreditada por peritos forenses. El Ministerio Público, por su parte, rechazó estas afirmaciones y subrayó que Hazim mantenía una vida social activa hasta su detención.
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