«De los números a las personas: Cómo cinco años de gobierno transformaron (o no) la vida cotidiana de los dominicanos»
El sol del mediodía se filtraba por las ventanas del Palacio Nacional mientras Félix Reyna, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, presentaba con orgullo las cifras que, según el gobierno, demuestran una «transformación sin precedentes» en República Dominicana. «La esperanza de vida aumentó a 75.1 años, la mortalidad infantil cayó un 30.8%, y entregamos 15,000 viviendas nuevas», enumeró frente a periodistas y funcionarios. Pero mientras los números brillaban en las pantallas, en los barrios de Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, miles de dominicanos se preguntaban: ¿Estos logros estadísticos se traducen en mejoras reales en su vida diaria?
El informe «Logros Gestión del Gobierno Agosto 2020 – Agosto 2025» pinta un cuadro de progreso en casi todos los frentes: salud, seguridad, educación, vivienda y economía. En salud, por ejemplo, el gobierno destaca que la cobertura de seguridad social creció un 110%, con acceso a medicamentos gratuitos para enfermedades crónicas. «Mi madre ya no tiene que elegir entre comprar sus pastillas para la presión o poner comida en la mesa», contó María Fernández, una empleada doméstica de 42 años de Los Mina, quien ahora recibe tratamiento gratuito para su diabetes en el hospital más cercano. Sin embargo, en zonas rurales como Pedernales, muchos aún denuncian falta de especialistas y equipos médicos, lo que obliga a viajar horas para recibir atención básica. «Los números son bonitos, pero en mi pueblo seguimos muriendo por cosas que se podrían prevenir», criticó Juan Pérez, un agricultor de 58 años que perdió a su hermano por una apendicitis mal atendida en 2023.
En seguridad, el gobierno celebra que la tasa de homicidios bajó a 8.3 por cada 100,000 habitantes (la más baja en décadas) y que los feminicidios disminuyeron gracias a operativos como «Garantía de Paz» y la incorporación de 4,000 nuevos agentes. «Ahora puedo caminar por mi barrio sin miedo», dijo Ana Martínez, una comerciante de Villa Juana. Pero en barrios como Capotillo o Cristo Rey, los residentes señalan que la delincuencia común (robos, asaltos) sigue siendo un problema diario. «Los homicidios bajaron, pero a mí me robaron tres veces este año», contó Luis Gómez, un taxista de 35 años. La percepción de seguridad, parece, no siempre coincide con las estadísticas oficiales.
El área donde el gobierno claims mayores avances es en economía y empleo. Según el informe, 900,000 personas salieron de la pobreza en cuatro años, el PIB per cápita aumentó un 34.16% desde 2019, y la inversión extranjera superó los $4,523 millones. «Ahora tengo un trabajo formal con seguro médico», celebró Ramón Díaz, un joven de 28 años que pasó de vender frutas en la calle a trabajar en una zona franca. Pero economistas independientes, como Haivanjoe NG Cortiñas, advierten que el crecimiento no ha sido equitativo: mientras el 10% más rico vio aumentar sus ingresos en un 40%, el 40% más pobre solo mejoró un 8%. «El país crece, pero la desigualdad persiste», señaló. Además, el costo de vida sigue siendo un dolor de cabeza: aunque el salario mínimo subió, los precios de la canasta básica, la gasolina y los alquileres se dispararon, dejando a muchas familias en una situación de «pobreza relativa» (ganan más, pero alcanza para menos).
En educación, el gobierno destaca que 4.5 millones de niños y jóvenes se benefician de programas ampliados, incluyendo robótica, inglés avanzado y educación técnica. «Mi hijo ahora tiene clases de programación en su escuela», contó Elena Rodríguez, madre de un estudiante de 15 años en Santo Domingo Este. Sin embargo, profesores denuncian falta de materiales, aulas superpobladas y salarios que no alcanzan. «Nos piden resultados de primer mundo con recursos de tercer mundo», se quejó José Santana, maestro de un liceo en San Cristóbal. Y aunque se han construido nuevas escuelas, en zonas rurales como Elías Piña o Dajabón, muchos niños aún estudian en aulas de madera sin electricidad.
El gobierno también resalta sus avances en vivienda y servicios básicos: 15,000 viviendas nuevas, 51,872 hogares mejorados y 532,000 títulos de propiedad entregados. «Por fin tengo un techo seguro para mis hijos», celebró Rosa Peña, una madre soltera que recibió una vivienda en Los Alcarrizos. Pero en barrios como Gualey o 24 de Abril, miles aún viven en condiciones precarias, con letrinas en lugar de baños, calles sin asfaltar y riesgo constante de desalojo. «Las viviendas nuevas son para los que tienen conexiones», denunció Pedro Castillo, un líder comunitario de La Ciénaga.
«¿Progreso real o maquillaje estadístico? Las dos caras de los ‘logros’ gubernamentales»
Mientras el gobierno celebra que la capacidad de energía renovable se triplicó (llegando a 1,994 MW) y que la vulnerabilidad climática disminuyó, en comunidades como Bajo Yuna o Monte Plata, los campesinos siguen sufriendo por inundaciones, sequías y falta de apoyo agrícola. «Nos dicen que el país es más resiliente, pero cuando llueve, nos inundamos igual», dijo Francisco Cruz, un agricultor de 60 años. El informe también destaca mejoras en transparencia (con un aumento del 22.3% en «efectividad gubernamental»), pero organizaciones como Participación Ciudadana señalan que la corrupción en licitaciones y contratos públicos sigue siendo un problema grave.
El gobierno ha fijado metas ambiciosas para 2028:
- Aumentar la esperanza de vida a 77 años.
- Mantener la tasa de homicidios por debajo de 8 por 100,000 habitantes.
- Que la clase media represente el 50% de la población (hoy es ~35%).
- Reducir la vulnerabilidad climática al 75%.
«Son metas alcanzables si se mantiene el ritmo de crecimiento», aseguró Reyna. Pero analistas como Mu-Kien Adrián Sang Ben advierten que sin reformas estructurales (en educación, salud y distribución de la riqueza), estos objetivos podrían quedarse en papel. «No basta con crecer; hay que repartir», señaló.
«Entre el optimismo oficial y el escepticismo ciudadano: ¿Qué sienten realmente los dominicanos?»
En las calles de Santo Domingo, las opiniones están divididas. «El país ha mejorado mucho», dice Carlos Mendoza, un pequeño empresario de 45 años que vio crecer su negocio gracias a los préstamos del Banco de Reservas. Pero María Tejada, una vendedora ambulante de 52 años, tiene otra perspectiva: «A mí no me ha llegado nada de eso. Sigo vendiendo en la calle bajo el sol, pagando alquileres carísimos y sin seguro médico». Esta brecha en la percepción refleja la realidad de un país donde el progreso es desigual.
El gobierno de Abinader ha logrado estabilidad macroeconómica y avances en infraestructura, pero el reto ahora es llevar esos beneficios a los sectores más vulnerables. Como dijo un taxista en la avenida Duarte: «Los números están bonitos en el papel, pero en mi casa, la vida sigue igual de dura». La pregunta que queda en el aire es: ¿Este «progreso» es sostenible y equitativo, o solo una fachada para las próximas elecciones?
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