El Tribunal Constitucional (TC) de República Dominicana emitió en diciembre de 2024 un dictamen (TC/076524) que declaró inconstitucional la Ley 10-15, que modificaba el Código Procesal Penal (CPP) del país. Esta decisión dejó un plazo de un año para que el Congreso Nacional elabore una nueva normativa que subsane las vulneraciones a la Constitución y las irregularidades en el trámite legislativo detectadas en la ley. Sin embargo, si los legisladores no cumplen con este mandato antes de enero de 2026, el país retrocedería al Código Procesal Penal de 2002, perdiendo los 110 artículos reformados en la última actualización de la Ley 76-02.
El origen del problema
En febrero de 2015, República Dominicana recibió la Ley 10-15, que modificó el Código Procesal Penal vigente desde 2002. Sin embargo, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró esta ley inconstitucional por vulnerar principios constitucionales y por irregularidades en su aprobación. Como consecuencia, el TC otorgó un plazo de un año para que el Congreso elabore una nueva normativa que corrija estos fallos.
«Al término de este último plazo, la Ley 10-15 perderá automáticamente su vigencia y será excluida del ordenamiento jurídico, restableciéndose en su lugar la vigencia del régimen procesal penal prescrito en la Ley 76-02», determinaron los magistrados en su fallo del 6 de diciembre de 2024.
El riesgo de un retroceso legal
Si el Congreso Nacional no logra aprobar una nueva normativa antes de enero de 2026, el país volvería a aplicar el Código Procesal Penal de 2002, lo que representaría un retroceso de más de dos décadas en el sistema judicial dominicano. Esto afectaría directamente a los procesos penales, ya que la Ley 76-02 no incluye las reformas y actualizaciones introducidas en la Ley 10-15.
Hasta ahora, los legisladores solo han logrado actualizar el Código Penal, que entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026. Este código regula los delitos y sus sanciones, mientras que el Código Procesal Penal establece los procedimientos para aplicar esas sanciones. Sin una actualización de este último, el sistema judicial dominicano enfrentaría serias dificultades operativas.
El estado actual de las negociaciones
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado lleva más de dos meses estudiando un proyecto de ley que podría resolver los fallos constitucionales y evitar el retroceso al código de 2002. El senador Antonio Taveras, presidente de esta comisión, informó que están trabajando en un proyecto consensuado que será enviado a las entidades vinculadas al sistema judicial para sus observaciones.
«Más o menos, en 15 días vamos a hacer un taller por si acaso tienen alguna opinión, pues vengan acá y nos pongamos de acuerdo…», declaró Taveras a los medios de comunicación.
Entre las instituciones que podrán presentar sus observaciones se encuentran:
- Ministerio Público.
- Defensor del Pueblo.
- Poder Judicial.
- Procuraduría General de la República (PGR).
- Fundación Justicia y Transparencia (Finjus).
- Participación Ciudadana (PC).
- Escuelas de Derecho de las principales universidades del país.
Proyectos de ley en discusión
Actualmente, la comisión estudia tres iniciativas presentadas de manera individual por los senadores:
- Omar Fernández.
- Félix Bautista.
- Cristóbal Castillo.
- Antonio Taveras.
Estas propuestas han sido unificadas en un solo proyecto. Además, existe otra iniciativa en la Cámara de Diputados, presentada por el diputado Rafa Castillo (vocero de la Fuerza del Pueblo), pero esta permanece estancada en la Comisión de Justicia desde el 6 de junio, fecha en que venció el plazo para su estudio.
Un llamado a la acción
El tiempo corre en contra del Congreso Nacional, que debe actuar con urgencia para evitar que República Dominicana retroceda a un marco legal obsoleto. La falta de una nueva normativa no solo afectaría la eficiencia del sistema judicial, sino que también podría generar incertidumbre jurídica y desprotección para los ciudadanos.
¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que el Congreso logrará aprobar una nueva normativa a tiempo para evitar el retroceso al Código Penal de 2002? ¡Comparte tu opinión!