Por Félix Jiménez Campusano.
Santo Domingo, República Dominicana | 31 de mayo de 2025 – En un país donde la corrupción, el atraco y el sicariato cobran vidas a diario, la sociedad se ve distraída por debates sobre leyes que limitan la libertad de expresión. Mientras tanto, el clamor por justicia en casos de criminalidad y abuso de poder se diluye.
Es urgente que el Congreso Nacional priorice la creación de un régimen de consecuencias severas para estos delitos, en lugar de centrarse en iniciativas que amenazan la democracia y la libertad de prensa.
La ley mordaza: un riesgo para la democracia.
El proyecto de ley conocido como la «ley mordaza», que se intenta aprobar en el Senado, ha generado preocupación entre diversos sectores.
Organizaciones como la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y Participación Ciudadana han calificado la iniciativa como un atentado a la libertad de expresión y a la democracia. Argumentan que la ley busca proteger a funcionarios públicos y legisladores, limitando el derecho ciudadano a cuestionar y fiscalizar a sus gobernantes.
Además, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha advertido que la propuesta elevaría la difamación e injuria a delito penal, lo que representaría un grave retroceso para la libertad de expresión en la región.
La vida humana, más valiosa que la moral.
Mientras se debate sobre la difamación, la realidad es que la corrupción, el atraco y el sicariato siguen cobrando vidas. La corrupción desvía recursos destinados a la salud, la educación y la seguridad, afectando directamente a la población más vulnerable.
Por otro lado, los atracos y el sicariato generan un clima de inseguridad que limita el desarrollo social y económico del país.
Es imperativo que el Estado establezca un régimen de consecuencias claras y severas para estos delitos. No basta con sancionar a los pequeños infractores; es necesario que los grandes responsables enfrenten penas ejemplares que disuadan la corrupción y la violencia.
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La sociedad dominicana debe exigir a sus representantes en el Congreso Nacional que prioricen la creación de leyes que fortalezcan el sistema judicial y garanticen la seguridad y el bienestar de la población. Es momento de dejar de lado las iniciativas que atentan contra los derechos fundamentales y enfocarse en soluciones que realmente contribuyan al progreso del país.
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