Un paso decisivo para garantizar que los recursos educativos se inviertan con eficiencia y sin irregularidades
Santo Domingo, 2 de octubre de 2025 — En un movimiento que marca un hito en la gestión transparente de los recursos públicos, el presidente Luis Abinader firmó el Decreto 569-25, mediante el cual designa a Julio Cordero como comisionado presidencial para revisar y fiscalizar los contratos de mantenimiento correctivo en todas las infraestructuras escolares públicas del país. Esta medida, anunciada oficialmente por la Presidencia, busca erradicar posibles irregularidades y asegurar que los fondos destinados a la educación se utilicen de manera eficiente y efectiva.
Contexto y antecedentes: ¿Por qué es necesaria esta comisión?
En los últimos años, el sistema educativo dominicano ha enfrentado críticas recurrentes por el estado de deterioro de muchas escuelas públicas, así como por denuncias de sobrecostos y falta de transparencia en los contratos de mantenimiento. Según un informe de la Contraloría General de 2024, al menos un 30% de los contratos revisados presentaban inconsistencias en precios, plazos incumplidos o trabajos mal ejecutados.
Ante este escenario, el gobierno de Abinader ha decidido tomar cartas en el asunto con una estrategia que incluye:
- Fiscalización exhaustiva de todos los contratos vigentes.
- Coordinación interinstitucional para evitar duplicidad de funciones.
- Rendición de cuentas pública sobre los hallazgos y acciones tomadas.
¿Quién es Julio Cordero y qué poderes tendrá?
Julio Cordero, un abogado especializado en derecho administrativo y contrataciones públicas, cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el sector público, incluyendo pasos por la Contraloría General y el Ministerio de Educación. Su designación como comisionado le otorga las siguientes facultades:
- Acceso irrestricto a todos los contratos de mantenimiento escolar firmados en los últimos 5 años.
- Capacidad para solicitar informes a contratistas, funcionarios y entidades involucradas.
- Autoridad para recomendar la suspensión o anulación de contratos que presenten irregularidades.
- Obligación de presentar informes trimestrales al Presidente y al Ministerio de la Presidencia.
«Esta comisión no solo revisará documentos, sino que verificará in situ el estado de las escuelas y la calidad de los trabajos realizados», declaró una fuente cercana a la Presidencia, quien añadió que el objetivo es «devolverle la dignidad a las aulas dominicanas».
Colaboración interinstitucional: Un trabajo en equipo
El comisionado no trabajará solo. Según el decreto, deberá coordinar sus acciones con:
- Ministerio de Educación (Minerd): Para identificar las escuelas con mayores necesidades.
- Contraloría General de la República: Para cruzar datos y detectar posibles irregularidades.
- Dirección General de Contrataciones Públicas: Para evaluar si los procesos de licitación cumplieron con la ley.
- Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE): Para verificar la calidad técnica de los trabajos.
«La sinergia entre estas instituciones será clave para lograr resultados tangibles», explicó María Fernández, analista en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Reacciones y expectativas
El anuncio ha sido recibido con cauteloso optimismo por distintos sectores:
- Gremios docentes: La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) celebró la medida, pero exigió que los hallazgos se hagan públicos. «Esperamos que esto no quede en un simple trámite burocrático», declaró su presidente, Eduardo Hidalgo.
- Padres de familia: Representantes de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres (FENAP) manifestaron su apoyo, pero pidieron que se incluya participación ciudadana en el proceso de fiscalización.
- Empresas contratistas: El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) expresó su disposición a colaborar, pero advirtió que «no se debe generalizar» y que la mayoría de las empresas cumplen con los estándares.
Próximos pasos y cronograma
Según el Decreto 569-25, la comisión tiene un plazo de 90 días para presentar un informe preliminar con los primeros hallazgos. Posteriormente, deberá emitir un reporte final en 6 meses, que incluirá:
- Un diagnóstico nacional del estado de los contratos.
- Una lista de recomendaciones para mejorar los procesos de contratación.
- Un plan de acción para corregir las irregularidades detectadas.
«El presidente Abinader ha sido claro: no habrá impunidad para quienes hayan desviado recursos destinados a la educación», afirmó un funcionario del Ministerio de la Presidencia, quien prefirió mantenerse en el anonimato.
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